Les acusa de siete delitos

Hacienda pide 28 años de cárcel para Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal

  • La Abogacía del Estado les acusa de siete delitos fiscales entre 2009 y 2015, además de reclamar multas que ascienden los 16 millones de euros.
Imanol Arias y Ana Duato
Imanol Arias y Ana Duato

La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, solicita 28 años de prisión para los actores Imanol Arias y Ana Duato, a quienes acusa de siete delitos fiscales entre 2009 y 2015, además de reclamar multas que ascienden los 16 millones de euros. Según ha adelantado 'El Confidencial', la Abogacía del Estado considera que la pareja de actores utilizó los servicios del despacho Nummaria, dirigido por el también acusado Fernando Peña, para crear estructuras fiscales ilegales con el fin e ocultar su patrimonio y no declarar a Hacienda sus ingresos como actores.

A pesar de que han devuelto gran parte de la cuota defraudada, Duato y Arias deberán afrontar el juicio y asumir las multas correspondientes, además de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado para no cumplir la pena de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso 'La Vanguardia', Nummaria "facilitaba a sus clientes estructuras jurídico económicas que eran diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho- el mismo también se valía de ellas- con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas".

Para ello, se utilizaron estructuras societarias "complejas, de ámbito nacional e internacional, diseñadas, implementadas y gestionadas" por el despacho dirigido por Peña. Dichas estructuras se basaban en el principio de opacidad, que permitía a los distintos sujetos que eran clientes apareciesen como terceros independientes en relaciones negociales de todo tipo, "cuando realmente, la voluntad de todas las partes se residenciaba en las mismas manos".

La Abogacía del Estado identifica dos niveles -nacional e internacional- dentro de las estructuras creadas por Nummaria. En el primero, el despacho ofrecía utilizar sociedades británicas inactivas, no declarantes en Reino Unido, con domicilios comunes y detentadas por un conjunto de sociedades anónimas costarricenses y gestionadas por administradores-testaferros de Costa Rica o la República de Mauricio. Su "titularidad real se oculta, y no eran sino entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo", señala el escrito. 

A nivel nacional, "la opacidad se persigue mediante la utilización masiva de sociedades, comunidades de bienes, Uniones Temporales de Empresas (UTEs) y todo tipo de entes instrumentales".

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