Hacienda recula y permitirá que 2.000 alcaldes de pueblo mantengan su salario

Cerca de 2.000 alcaldes de pueblo podrán seguir percibiendo una pequeña retribución por las funciones ejecutivas y de representación propias de su cargo después de que el Ministerio de Hacienda haya renunciado a retirarles el derecho a un sueldo dentro de su proyecto de reforma de la Administración Local.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro cede así a las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que había solicitado formalmente al Ministerio el establecimiento de algún tipo de retribución "ya sea en régimen de dedicación exclusiva o parcial" para los responsables locales de los municipios de menos de 1.000 habitantes.

El borrador inicial de la reforma de la Administración Local que presentó el Gobierno en febrero establecía que los cargos de estos pequeños municipios no recibirían retribución alguna, dentro de un esquema salarial general para los poderes locales que preveía percepciones decrecientes en función del tamaño del municipio y un sueldo máximo para los munícipes que no podría superar el de un secretario de Estado.

Ese esquema dejaba sin derecho a sueldo a los alcaldes de los 1.981 municipios de menos de 1.000 habitantes que hay en España, muchos de los cuales ya no perciben a día de hoy retribución alguna por el carácter testimonial de su cargo.

Otros, sin embargo, sí dedican varias horas todos los días a cumplir con las obligaciones de su dignidad y, a juicio de la federación de municipios, merecían algún tipo de retribución.

Está por ver la naturaleza que tendrá ésta. Desde el Gobierno se ha insinuado la posibilidad de que se les permita cobrar dietas vinculadas a su participación en los plenos municipales propios o de organismos supramunicipales.

Las organizaciones de municipios, sin embargo, son más partidarias de ajustar las remuneraciones de los alcaldes de pueblo al esquema de escala decreciente previsto en la ley.

De este modo, si los alcaldes de una ciudad de más de 500.000 habitantes podrán cobrar como mucho el sueldo de un secretario de Estado (entre 95.000 y 100.000 euros anuales) , los de un municipio mediano de entre 20.000 y 50.000, uno equivalente al 55% de esa retribución de referecia; y los de pequeños municipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes un tope máximo del 20% de esa retribución; para los de los pequeños pueblos de menos de 1.000 habitantes proponen un tope máximo del 10% del sueldo anual de un secretario de Estado.

Esto significaría una retribución anual de entre 9.500 y 10.000 euros brutos y una nómina mensual de unos 800 euros.Hacienda no podrá intervenir municipios

No es el único cambio que la Federación de Municipios dice haber arrancado al Gobierno.

El presidente de la organización, el alcalde popular de Santander Íñigo de la Serna, comunicó al Consejo Territorial del organismo que el Ejecutivo también ha accedido a eliminar el artículo de la norma que posibilitaba la intervención por parte del Ministerio de Hacienda de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en determinados casos.

La norma especificaba como causa de intervención circunstancias como superar el nivel de deuda permitido sin presentar un plan de reducción del endeudamiento, incurrir en déficits superiores al 5% durante dos ejercicios consecutivos o incumplir reiteradamente la obligación de suministro de información a la Administración Central.

Pero también detallaba otros motivos algo más subjetivos como tener una evaluación negativa de Hacienda de los servicios mínimos que los ayuntamiento deben prestar en virtud de la ley.

El argumento de la FEMP para oponerse es que ya existen medidas preventivas y punitivas en la legislación actual para castigar esas prácticas y que no procedía abrir la puerta a una capacidad de intervención, que, advertía la organización, daría a Hacienda la capacidad para desactivar de facto el funcionamiento del 83% del poder local: 6.796 ayuntamientos.

Otro de los asuntos que ha cambiado es el veto a que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan recibir competencias delegadas de las comunidades autónomas en materias como protección del medio ambiente, gestión de escuelas infantiles, inspección de actividades comerciales o promoción turística. El texto que el Ejecutivo llevará previsiblemente al Consejo de Ministros este próximo viernes levantará esa restricción por tamaño.La batalla del coste estándar

Luego está la batalla del coste estándar, el elemento clave de esta reforma de la Administración Local, pues en su formulación actual condenaría al vaciamiento de sus competencias (y posiblemente a la desaparición posterior) a cerca de 7.000 municipios de menos de 20.000 habitantes.

A grandes rasgos, lo que implica este concepto es la fijación de un coste máximo al que los municipios pueden proporcionar un determinado servicio para que su prestación sea considerada eficiente a partir de criterios supuestamente objetivos.

La conclusión que ha alcanzado Hacienda es que como el tamaño óptimo que debe tener un municipio para prestar sus servicios de forma eficiente es de 20.000 habitantes pues éste debe coincidir con lo que le cuesta dar servicio a sus ciudadanos a este tipo de ayuntamientos.

Sin economías de escala a las que agarrarse, ese criterio identificaría automáticamente como ineficientes al 92,1% de los 6.797 municipios españoles de menos de 5.000 habitantes, así como a más de un tercio de los 922 ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Una escabechina.

Una escabechina, porque según la ley los municipios ineficientes deberán ceder la prestación de esos servicios a la Diputación Provincial y no los podrían recuperar hasta cinco años después, condenándolos a convertirse en una especie de ayuntamientos-zombie durante un lustro.

Lo que pide la FEMP a este respecto es enriquecer el criterio de cálculo del coste estándar, teniendo en cuenta factores como el tamaño, la edad media de la población del municipio o la dispersión de la población del mismo; participar en su determinación y penalizar con la cesión de competencias únicamente a los ayuntamientos ineficientes que, además, sean deficitarios.

Desde el Ministerio de Hacienda se admite que el texto final prevé un sistema de determinación del coste estándar que tendrá más matices que el inicialmente planteado, pero no aclaran si la parte punitiva se aplicará únicamente o no a los municipios no solventes. Habrá que esperar al viernes.