Los servicios de Inspección de la Agencia Tributaria empezaron a detectar el fenómeno hace unos años. Se daba en negocios y empresas bajo sospecha, en las que se movían cantidades muy importantes de efectivo. Los inspectores se encontraron con que en la mayoría de los casos utilizaban unos singulares programas informáticos que permitían esconder ingresos y ventas reales y llevar de este modo una doble contabilidad: una oficial y otra oculta a ojos del Fisco. El hallazgo desencadenó una oleada de actuaciones de la Inspección contra este tipo de estructuras, sostenidas por lo que se dio en llamar 'software de doble uso', el soporte estándar de las contabilidades B de nueva generación.
Forzado por la circunstancias y por la negociación presupuestaria con Podemos a obtener nuevos recursos de dónde sea, el Gobierno ha incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas un ramillete de nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal, del que espera obtener 500 millones de euros extra en 2019 y en el que se incluye la regulación de la fabricación, distribución y uso de los programas informáticos de gestión empresarial al objeto de prohibir por ley aquellos que permitan la manipulación de la contabilidad y de los datos de gestión empresarial.
La estrategia regulatoria del Gobierno se desarrollará a dos niveles. Por un lado, el Ejecutivo legislará para establecer una serie de requisitos que deberán cumplir todos los programas informáticos de gestión utilizados por las empresas y los autónomos para llevar sus procesos contables a fin de que "garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros", según se informa a la Comisión Europea en el borrador del Plan Presupuestario remitido el lunes a Bruselas.
El afán regulatorio del Gobierno en este ámbito prevé la posibilidad de reglamentar las especificaciones técnicas a cumplir por los fabricantes de este tipo de programas e incluso establecer la necesidad de que estén certificados por un organismo público para poder ser utilizados.
La segunda dimensión es la sancionadora y, aunque no se especifica, se supone que será ejecutada por la Agencia Tributaria. Hacienda establecerá un régimen sancionador que permitirá a sus servicios de Inspección atacar la producción y distribución de este tipo de programas y también su uso y hasta la mera tenencia de los mismos.
Unidad de control de grandes patrimonios
La otra gran medida de lucha contra el fraude a la que pretenden sacar partido es la creación de una unidad específica de control de grandes patrimonios, una idea defendida por el actual director general de la Agencia Tributaria y con la que se pretende estandarizar las actuaciones del Fisco contra un núcleo selecto de contribuyentes que comparten una serie de características, especialmente en lo relativo al tipo de sociedades que configuran y también a las maniobras que realizan para optimizar su factura fiscal, algunas veces en el filo de lo legal.
Otro vector de actuación del nuevo Plan de Lucha contra el Fraude que el Gobierno anuncia a Bruselas que planteará en los próximos quince días será la explotación de la información fiscal procedente de los acuerdos de intercambio de información con terceros países impulsados por el convenio de la OCDE.
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