Unidas Podemos presiona a Moncloa para aprobar un decreto que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permita que los ayuntamientos puedan destinar el superavit que acumulan, un total de más de 27.000 millones paralizados en diversas cuentas bancarias, a gastos relacionados o provocados por la crisis de la Covid. La iniciativa parte de la formación morada porque el Ministerio de Hacienda no se compromete a ejecutar una medida que reclaman un buen número de alcaldes, incluidos del PP o Cs.
Lo que está persiguiendo la coalición morada es que Hacienda ponga fin a uno de los aspectos más controvertidos de la conocida como 'Ley Montoro' de 2012. Busca, en definitiva, que se autorice a que las corporaciones locales puedan hacer uso de esa hucha que vienen acumulando en los últimos años. Pero Hacienda se resiste y el partido dirigido por Pablo Iglesias ha tenido que presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para acelerar los trámites al Gobierno.
No ha habido entendimiento, por tanto, para plantear esta iniciativa como Ejecutivo de coalición, admiten fuentes conocedoras de las conversaciones a las que ha tenido acceso La Información. Hacienda, por su parte, afirma que está "estudiando fórmulas", pero se niega a detallar un compromiso concreto para relajar esta exigencia en un momento especialmente delicado para las arcas de todas las administraciones públicas.
La solución del decreto, que llegó a trabajar el propio Cristóbal Montoro antes de abandonar el Ministerio por la moción de censura, podría ser la más apropiada. Convalidarlo, además, no debería ser un problema ya que se trata de una reivindicación permanente de multitud de alcaldes de diferentes partidos políticos, incluidos los del PSOE. Algunos regidores han llegado a amenazar con una 'revuelta' de ayuntamientos si no se aprueba la medida.
En los momentos iniciales del estado de alarma, Hacienda ya dio un primer paso y autorizó a los ayuntamientos a gastar hasta 300 millones de euros del superávit que acumulaban de 2019 para "financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social". Fue el inicio para quitar el corsé de Montoro y que se sumó a las partidas ya autorizadas en las llamadas "inversiones financieramente sostenibles". Pero para Unidas Podemos es insuficiente y piden ampliar esa ventana de liquidez para unas corporaciones que han resultado esenciales para hacer frente a la crisis del Covid.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, mantuvo conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pero la decisión se encuentra en "un limbo", admiten las mismas fuentes. El propio Pedro Sánchez confirmó al presidente de esta organización, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estaba trabajando en flexibilizar esa 'Ley Montoro' para que los ayuntamientos pudieran hacer uso de un dinero bloqueado y que procede de los ajustes que tuvieron que hacer las corporaciones en los últimos años. Pero los días pasan y Hacienda no da un paso al frente.
Para presionar al departamento que dirige María Jesús Montero Unidas Podemos presentó este jueves la citada PNL en la que se insta al Gobierno a acelerar los trámites para que los ayuntamientos puedan "abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos". Los socios de Sánchez entienden que "la pandemia producida por el Covid-19 ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad". Por eso plantean una "decidida política de inversión pública".
Consideran que "es ineficaz que en estos momentos el dinero público [del superávit de los ayuntamientos] esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas". Denuncian que ahora, además, "los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto".
Según explica el firmante de la PNL, Txema Guijarro, del equipo económico de Unidas Podemos, la regla de gasto fue una medida "impuesta por la Unión Europea (UE) por la crisis de 2008 de forma muy diferente al resto de Europa". Por eso solicitan poner fin a este cinturón que tiene su origen en la anterior crisis.
La formación morada propone también "modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto". También insta a "superar los límites de la masa salarial" para la "contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales".
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