Murcia, 8 oct.- El juez que instruye las diligencias por presunta corrupción contra los alcaldes murcianos de Torre Pacheco, Daniel García, y Fuente Álamo, María Antonia Conesa, ambos del PP, ha hallado indicios de delito y dado 10 días al fiscal y a las defensas para que pidan abrir juicio oral o archivar las actuaciones.
El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Santiago Alejandro García, al que ha tenido acceso Efe, afecta también al empresario Facundo Armero, al aparejador municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera, y al jefe de la Policía Local de ese municipio, José Mercader.
El auto indica que de las actuaciones llevadas a cabo se desprende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de tres delitos de prevaricación -uno de ellos, por omisión-, dos de malversación, uno de cohecho y dos de tráfico de influencias.
A García le atribuye haber intervenido presuntamente en una permuta de terrenos municipales con otros propiedad de la empresa Mar Menor Golf Resort, S.L. que habría supuesto unos perjuicios para las arcas municipales que el juez cifra en 3,5 millones de euros y unos beneficios para esa sociedad de 9,3 millones.
Al alcalde de Torre Pacheco le atribuye también haber pedido al jefe de la Policía Local la retirada de la multa de 1.500 euros impuesta al familiar de un amigo de aquel por conducir sin tener sin el seguro obligatorio.
El juzgado advierte indicios criminales contra García y Armero en otra operación inmobiliaria que igualmente habría sido perjudicial para las arcas municipales.
El auto vincula también el nombre de Armero con el de la alcaldesa de Fuente Álamo a raíz de la entrega de 12.000 euros que el primero hizo supuestamente a la segunda y que el juez cree que tenía como finalidad que el empresario se viera beneficiado con la adjudicación de contratos públicos.
Sobre este particular, la alcaldesa siempre ha negado que esa fuera la finalidad del dinero recibido, que atribuye a la colaboración pedida al empresario para que vendiera entradas de la corrida de toros que cada año se celebraba en su localidad con motivo de la festividad de San Isidro.
La resolución judicial señala que a partir de ahora las diligencias continuarán de acuerdo con lo previsto en la ley para la preparación del juicio oral, para lo que el fiscal y los abogados defensores disponen de diez días para presentar el escrito de acusación "en el que soliciten la apertura del juicio oral en la forma prevista en la ley o bien el sobreseimiento de la causa".
Asimismo, se les da la posibilidad de proponer la práctica de las diligencias complementarias "que consideren indispensables para formular acusación", aunque les advierte de que ello debe ser de forma "excepcional".
El auto puede ser recurrido en el plazo de tres días.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios