El proyecto Sunrise, las valoraciones del Banco de España o los correos del supervisor europeo son algunos de los documentos que custodia la Audiencia Nacional en su investigación por el caso Popular y que ahora quiere tener en su poder la Corte Permanente de Arbitraje. La presidenta del tribunal, Gabrielle Kaufmann-Kohler, ha solicitado al juez que investiga la caída del banco cerca de cuarenta ficheros determinantes en los que se pueda apoyar el mexicano Antonio del Valle en su arbitraje contra el Reino de España por haber perdido más de 470 millones de euros con la resolución de la entidad.
El magnate azteca, que está imputado en la causa penal junto con otros exconsejeros de la entidad, considera que el Gobierno español y la JUR son los responsables de esta pérdida millonaria después de adquirir cerca del 6 por ciento del capital del banco en el año 2013. Los papeles e informes que durante más de tres años ha ido recabando la Audiencia Nacional sobre este asunto podrían ser muy relevantes en su litigio internacional, si bien ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado José Luis Calama Teixeira han accedo a la petición, de acuerdo con la documental de la causa a la que ha tenido acceso La Información.
El juez responde al tribunal arbitral de la misma forma que hizo con el magnate mexicano y aclara que deben denegar la petición "por imperativo de la ley española". La normativa establece que las diligencias de la investigación son reservadas hasta que se abra juicio oral, de manera que el único momento en que podrán acceder a los 37 documentos que reclaman será cuando el juez termine las pesquisas y decida si sienta o no en el banquillo a expresidentes y exconsejeros del Popular. El fiscal Anticorrupción al frente del procedimiento va más allá y responde al órgano de La Haya que es "inadmisible" que quiera valerse de lo avanzado en este caso para obtener pruebas para su litigio contra España. "El procedimiento penal no puede servir de instrumento para otros fines que no sean los de investigar los delitos", responde.
El contenido de los informes
Cerrada esta vía solo le queda a la Corte de Arbitraje recurrir a los organismos protagonistas de todos los informes que reclama. Entre ellos se encuentran el Banco Central Europeo, el Banco de España y el Santander en calidad de heredero del negocio. En la carta dirigida el pasado mes de octubre a la Audiencia Nacional la presidenta del tribunal admite que todos ellos son datos de carácter confidencial pero "relevantes" en el litigio internacional que Del Valle mantiene contra España. Se incluye en la lista el proyecto Sunrise con el que Ángel Ron quiso desprenderse de activos inmobiliarios por 15.000 millones de euros o el informe clave del órgano que dirige Christine Lagarde de abril de 2017 sobre la evaluación del banco tres meses antes de que acabara resuelto por la JUR.
Igualmente reclaman actas de consejos que el Popular celebró desde 2016, año que puso en marcha la ampliación de capital, y minutas de las reuniones entre el banco y los equipos de supervisión del BCE (Joint Supervisory Teams). Además, Del Valle también quiere hacerse con los papeles que ahora mismo investiga el juzgado en relación con las ofertas de compra de la entidad. Por ese motivo, entre la maraña de datos que reclama a la Audiencia Nacional se incluye el conocido como Proyecto Neptuno relativo a lo informes que realizó el banco de Ana Botín en mayo de 2017 para estudiar una posible oferta de compra además de correos enviados entre el Banco de España y la CNMV sobre la solvencia del Popular.
"El tribunal considera que hay esencialmente dos asuntos que deben decidirse: la confidencialidad de las órdenes, las declaraciones de los testigos y los informes periciales y la publicación de información relacionada con este arbitraje", reza la misiva que firma Gabrielle Kauffman-Kohler y en la que insiste que las pruebas practicadas a lo largo del proceso pueden contener información confidencial y sensible pero que necesita Del Valle en su litigio contra España. Con todo, no es la primera vez que los grandes inversores del Popular piden acceso a datos secretos. En junio de 2018 ya recurrieron a un tribunal estadounidense para acceder a informes privados de la Junta Única de Resolución.
"El banco era solvente"
Ahora, La Haya establece una distinción de documentos en función de su confidencialidad y propone a la Audiencia Nacional proteger el contenido de cuatro datos concretos frente al acceso de otras partes del arbitraje internacional. Estos son: órdenes ,cartas y comunicaciones emitidas por la Corte; las transcripciones de las declaraciones prestadas hasta el momento ante el juez Calama Teixeira; las pruebas documentales y las declaraciones de los testigos e informes periciales presentados en el arbitraje. Sin embargo el juez resuelve como ya hizo con la petición el pasado mes de julio de Antonio del Valle. El empresario, que lideró la inversión del Popular, asegura que es víctima de los hechos ocurridos en su última etapa ya que cuando invirtió en el capital, el Popular era solvente.
Sin embargo, en su cita con la Justicia española también tuvo que responder por un capítulo que le afecta directamente como es el relativo a las filtraciones con noticias negativas sobre el banco que salieron directamente del Consejo de Administración. Algunas tesis apuntan a que Del Valle estaría preparando su ofensiva para comprar la entidad en esa coyuntura. Sin embargo éste negó la mayor ante el juez en noviembre del año pasado y calificó de "mentira" la existencia de un supuesto complot para apartar a Ángel Ron de la presidencia en connivencia con la también exconsejera Reyes Calderón. Al contrario, dijo que, ante la difusión en prensa de noticias falsas que dispararon la caída del valor de la acción, pidió al entonces presidente que tomara cartas en el asunto.
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