La batalla legal contra Plus Ultra no terminó con el desloqueo de 34 millones de euros que faltaban para completar el préstamo de 53 millones de euros al que el Gobierno dio luz verde el pasado mes de marzo. Las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox en la causa que investiga esta ayuda pública han continuado haciendo llegar al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid solicitudes de medidas cautelares contra la empresa rescatada. Aunque de momento los abogados de la compañía aérea no han presentado ante la juez sus alegaciones rechazando las pretensiones de ambos partidos de la oposición, la aerolínea ha reaccionado públicamente mostrando su estupefacción ante las mismas y ha afeado la estrategia de los equipos jurídicos de las formaciones por trasladar la “batalla política” a los tribunales.
La juez Esperanza Collazos acordó el pasado mes de abril incoar una causa para investigar al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora -actual vicepresidente de la entidad-, y a todo el Consejo de Administración que avaló el rescate por el presunto delito de malversación de caudales públicos. Hasta el momento, la magistrada instructora no ha citado a declarar a ninguno de los investigados, si bien las acusaciones populares no han parado de proponer baterías de diligencias para averiguar si detrás de la medida acordada se movió algún tipo de interés para proteger a la compañía y evitar que cayera en la quiebra, las últimas de ellas centradas en la propia Plus Ultra.
El partido de Santiago Abascal llegó incluso a presentar una querella (ya archivada) en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, al considerar que Plus Ultra no reúne los requisitos para beneficiarse de créditos públicos. En su opinión, ni es una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni sus pérdidas fueron provocadas por la pandemia del coronavirus, sino que su situación de crisis viene “casi desde su creación”.
Así, después de que el Juzgado de Instrucción de Madrid pusiera en un brete las cuentas de Plus Ultra al bloquear el segundo tramo del rescate, PP y VOX vuelven a la carga para que la instructora fiscalice los bienes de la compañía. A mediados de julio, la SEPI informó a la juez Collazos que estaba previsto que el día 28 de ese mes se transfiriera el ingreso de 34 millones de euros correspondientes al préstamo concedido a la aerolínea -meses antes ya se había ingresado los primeros 19 millones-. Este hecho llevó a la magistrada a paralizar dicho traspaso de dinero hasta que la empresa acreditara el destino de los fondos para evitar que las arcas públicas pudieran sufrir un “menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”. Tras recabar todos los informes de las partes, finalmente el pasado 9 de agosto, uno de los jueces que estaban en funciones de guardia sustituyendo a Esperanza Collazos decidió desbloquear la cantidad que quedaba por abonar.
Como primera reacción a esta decisión judicial, el PP interesó, tan solo dos días después, que se acordara la constitución de una hipoteca sobre las aeronaves que Plus Ultra pudiera tener en su activo, algo que uno de los magistrados sustitutos de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid no ha descartado de plano, pues ha pedido a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a las acusaciones y a los investigados que informen sobre la procedencia de esta medida.
El uso de Plus Ultra como "arma arrojadiza"
Aunque la defensa se encuentra ultimando su escrito de alegaciones, la empresa rescatada ya ha reaccionado ante dicha solicitud y ha criticado la actuación de los abogados de la formación que dirige Pablo Casado asegurando que interés es seguir generando "ruido mediático". En este sentido, la compañía destaca que dicha petición refleja un “nuevo movimiento político cuyo único objetivo es seguir utilizando la aerolínea como arma arrojadiza en una batalla política en la que nada tiene que ver”. Y es que, según afirma la propia Plus Ultra, en el propio expediente de la ayuda financiera consta que la compañía no dispone de ningún avión en propiedad.
Pero el asunto no quedó aquí. Vox ha presentado recientemente otro escrito solicitando que se reclame una caución a los socios integrantes de Plus Ultra ante el hecho de que la entidad “no posee ningún bien o inmueble” que permita garantizar el cumplimiento del crédito otorgado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Asimismo, los servicios jurídicos del partido advirtieron a la juez Collazos de que la aerolínea podría estar realizando vuelos que no forman parte de sus rutas habituales y que no aparecen contemplados en el plan de viabilidad, por lo que pide que investigue si estos podrían estar generando “desviaciones económicas con trascendencia patrimonial en la sociedad”.
Para Plus Ultra esta petición también tiene un componente político ya que, a su juicio, Vox cuestiona de manera “irracional” los vuelos chárter realizados entre Madrid y Nueva Delhi y desde la capital de La India a México a mediados de este mes para trasladar a “200 estudiantes”. “La realización de vuelos chárter se ha convertido a raíz de la pandemia en una práctica a la que muchas compañías están recurriendo cada vez más, por lo que han ganado mucha presencia en los planes de las aerolíneas”, asegura la empresa en un comunicado.
PP y VOX, al que se suma el colectivo Manos Limpias en esta causa de investigación, no son los únicos que han puesto entredicho el rescate a la aerolínea. También lo hizo Ciudadanos quien presentó en junio una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al sospechar de un presunto menoscabo de fondos públicos. Un mes después, el órgano fiscalizador dio carpetazo al asunto al entender que por el momento no se ha constatado detrimento patrimonial alguno, ni vulneración de la legislación vigente para el reparto de ayudas del FASEE. Además, el diputado ‘naranja’ en el Parlamento Europeo Luis Garicano también denunció dicho rescate de 53 millones de euros ante la Comisión Europea, que acordó a abrir un expediente de información general.
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