El Gobierno estudia cambiar la ley para atajar el caos social tras la decisión del TS

Moncloa y los Ministerios de Economía y Hacienda han vivido uno de los días más tensos desde que Pedro Sánchez llegó al poder. La decisión del Pleno del Tribunal Supremo de dar la razón a los bancos y que sea el cliente quién corra con los gastos hipotecarios ha provocado un terremoto social de consecuencias inciertas. ¿Está el Gobierno socialista ante un 15-M en ciernes? Las primeras movilizaciones se encuentran en marcha y el Ejecutivo ya se prepara para solucionar el problema que ha generado la resolución del alto tribunal aplicando 'mano de hierro'. Ya se ha dado luz verde a una 'operación quirúrgica' para cambiar la ley.

El Gobierno ya ha activado la maquinaria para evitar que las calles se vuelvan a llenar de indignados con una decisión impopular y que supone quitar la razón al ciudadano de a pie. Moncloa, en estrecha colaboración con los ministerios que dirigen Nadia Calviño y María Jesús Montero, ha puesto a trabajar a sus secretarías técnicas en la búsqueda de una solución, según explican a La Información fuentes gubernamentales.

Esa solución pasa por un cambio legal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya está estudiando para "garantizar la seguridad jurídica", aseguran las mismas fuentes. El Gobierno, por tanto, estudia cambiar la legislación vigente para que no sea el cliente quien asuma el pago del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD).. 

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El problema se encuentra en cómo reformar la polémica Ley Hipotecaria y la fórmula a aplicar. Las fuentes consultadas aseguran que no es nada sencillo ya que se trata de modificar un aspecto dedicado a una figura tributaria en una ley que no es tributaria. El Gobierno, por tanto, trabaja para amarrar los cambios legales y evitar posibles litigios por parte de los bancos.

Actualmente, la nueva Ley Hipotecaria se encuentra en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados. Precisamente, en la fase de enmiendas el Gobierno tiene la posibilidad de introducir algún cambio y 'solucionar' la decisión del Supremo. De hecho, los diferentes grupos parlamentarios decidieron paralizar todas las negociaciones a la espera de conocer la resolución del alto tribunal.

Fuentes jurídicas añaden que el Gobierno también estudia actuar a través del Reglamento que regula el pago de los Actos Jurídicos Documentados (AJD). Ese reglamento, que especifica que este impuesto corre a cargo de los hipotecados, queda anulado, por lo que se ha generado un 'vacío legal' que ahora tendrá que cubrirse a través de una "solución política".

El AJD, efecitvamente, se encuentra regulado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De esa ley emana el Reglamento, uno de cuyos artículos fue anulado por las sentencias del Supremo. Esa anulación, confirmada en otras dos sentencias similares, es la que ha provocado que el Pleno decidiera de nuevo sobre la interpretación de la ley de la que emana, y que al final ha establecido que el tributo lo paguen los clientes, y no los bancos.

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Pero la decisión del Pleno no termina con la anulación que pesa sobre el reglamento, de forma que es obligado revisar ahora toda la legislación para que quede adaptada. En ese cambio legislativo, que el Ejecutivo está estudiando desde que se inicio todo este proceso legal, no cabe opción de establecer algún tipo de efecto retroactivo. Es decir, que aunque al final se cambie la norma y lo paguen los bancos, éstos lo trasladarán a sus clientes en el precio de sus productos.

"Nadie imaginaba que el Supremo fuera a dar la razón a los bancos", afirman fuentes gubernamentales. "Ni siquiera los bancos se lo esperaban", añaden desde el Grupo Parlamentario Socialista, que también vivió el martes muy pendiente de la resolución del Supremo. Otras fuentes del Ejecutivo aseguran que la decisión requiere una arreglo político y que, además, debe ser urgente.

Este mismo miércoles a las 9 de la mañana, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se verá con Ana Botín como principal invitada a la Conferencia Internacional de Banca que ha organizado el Banco Santander. Será el primer contacto entre el Gobierno y el sector tras la decisión del Supremo.

En el Gobierno hay quien también está calculando ya el coste político que podría tener la concentración que ha organizado Unidos Podemos el sábado a las puertas del Supremo. "Es su principal bandera y quieren ganar esta batalla", aseguran en el PSOE sobre sus socios de Presupuestos. Moncloa se pronunciará oficialmente mañana jueves al término del Consejo de Ministros y fijará su posición política.