El que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, ha dado nuevas claves sobre el reparto de mordidas entre gran parte de los actores que intervinieron en uno de los 'pelotazos' del Canal de Isabel II: la compra de la brasileña Emissao. El exalto cargo del PP ha explicado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos, Manuel García Castellón, que uno de los hombres fuertes de la empresa madrileña de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino, les prometió "premios" a todos los que participaron en esta operativa de 2013.
Así lo confirman a este diario fuentes de la investigación presentes en el interrogatorio practicado este martes a Moro, citado a petición propia. En el mismo, el investigado señaló directamente al que fuera presidente de Inassa como la persona que estipuló los repartos de comisiones ilícitas por esta compra que supuso un desfalco de 25 millones de dólares al Canal, según determinó el primer magistrado instructor, Eloy Velasco.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Moro ha admitido ante el magistrado que instruye el bautizado como caso 'Lezo' que a él le 'tocaron' 300.000 euros, a otros intervinientes de la operación 600.000 euros y al principal acusado de la trama, Ignacio González, 1,8 millones de euros. Con todo, no es la primera vez que se admiten en sede judicial las jugosas mordidas que se repartieron con la compra de Emissao Engenharia e Construçoes, ya que el propio Rodríguez Sobrino expuso que efectivamente se desviaron más de 5 millones de euros, gracias al abultado sobrecoste de la operativa.
Dinero oculto en República Dominicana
No obstante, el expresidente de Inassa señaló en su declaración judicial a Moro como la persona que le pidió que incluyera en el reparto de comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid, el cual por su parte, se desvincula de estos hechos. El exdelegado del Gobierno de Ceuta admitió a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que ocultó los 300.000 euros percibidos en cuentas bancarias de República Dominicana. De hecho, confesó que se ayudó para este cometido del exdirectivo de Inassa Diego García Arias.
El mismo confesó ante la Justicia española no solo el abultado precio de la compra de Emissao sino también los viajes a paraísos fiscales para esconder las cuantías ilícitas. Sobre este asunto concreto, Moro reconoció que viajó al país centroamericano acompañado de García Arias, el cual le asesoró directamente en torno a este asunto, si bien también depositó otra parte de estas mordidas (de más de 100.000 euros) en cuentas del Banco Santander y Deutsche Bank en España. En cualquier caso, ha negado a preguntas de la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, que llegase a percibir 900.000 euros por esta operación.
Los principales investigados en esta pieza primera del caso Lezo insisten en apuntar que el precio que se pagó por la brasileña era acorde al mercado. Por ese motivo han presentado numerosos informes periciales (entre ellos el realizado por la firma EY, Forest Partners o las memorias individuales de Canal Gestión y Canal Extensia) que vendrían a exponer que la valoración de la empresa en el año de la compra sería de 36,4 millones de dólares y, por tanto, superior a lo que el Canal abonó por la misma.
Cerca de 6 millones de euros en mordidas
No obstante, el magistrado Manuel García Castellón ha acreditado en autos recientes que dentro del precio de compra pactado se incluyeron 5,8 millones de euros que fueron destinados al pago de "ilícitas comisiones" a "cargos públicos, personas conectadas con Inassa así como participantes en aquella operación". Los investigadores han instruido en una misma pieza las compras tanto de la brasileña como de Inassa, operación que se cerró en 2001.
Sin embargo, el hecho de que el juez haya finiquitado esta segunda parte de la investigación (que culminó con el archivo de la causa para el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz-Gallardón) propició que desgajara esta pieza a su vez en dos partes. Esto es así porque todavía quedan flecos en la investigación relativa a la compra fraudulenta del 75% de la sociedad brasileña, la cual se abonó íntegramente en Suiza y no en Brasil, tal y como acreditó el Canal en un escrito presentado al juzgado en el que expuso que se hizo así por motivos de seguridad.
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