El que fuera director general de Operaciones de Indra Santiago Roura ha roto su silencio judicial y ha declarado cinco años después de su primer interrogatorio en el caso Púnica en relación a unos presuntos pagos que habría efectuado al conseguidor de la red, Alejandro de Pedro. Al respecto, Roura, considerado hombre clave en este entramado, ha negado haber entregado mordida alguna al informático pero sí ha admitido que se reunió con él en su coche y que lo hizo a petición expresa del entonces consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, informan a este diario fuentes de la investigación.
El exdirectivo de Indra solicitó declarar ante el magistrado Manuel García Castellón después de que la UCO le atribuyera la entrega de tres pagos en efectivos que juntos sumarían 110.000 euros y que irían destinados a empresarios implicados en la presunta caja 'b' del PP madrileño. Ante estas conclusiones, Roura pidió al instructor del caso Púnica volver a declarar en sede judicial para negar su implicación en este presunto entramado. En concreto se ha referido a uno de los tres pagos en efectivo que le atribuyen los investigadores y es el que habría efectuado a De Pedro por importe de 10.000 euros.
Sobre este asunto determinado, el exdirector de Operaciones ha explicado que accedió a reunirse con el informático de la red ante la insistencia de Martínez Nicolás de que le abonara unos importes que le adeudaba la Comunidad de Madrid. Las fuentes consultadas explican que ese encuentro se hizo en su propio coche porque aunque habían quedado en una cafetería, el empresario no la encontraba y eso hizo que finalmente se vieran en el interior del vehículo. De Pedro era uno de los empresarios más cercanos al Gobierno de Aguirre ya que fue el que elaboró campañas de mejora de imagen de muchos de sus consejeros en vísperas a los comicios electorales. Unos trabajos que se habrían abonado con dinero público del Gobierno madrileño pese a tratarse, como apunta el juez, de encargos personales.
Señala al exnúmero dos de Indra
Roura también ha querido dejar claro que Indra es una compañía que factura 3.000 millones al año y que ganaba los procesos de la Comunidad de Madrid relacionados con los recuentos electorales porque era la mejor. Igualmente, el exdirectivo ha insistido en que los sistemas de control existentes en la compañía son muy rigurosos y que no tiene sentido que entren en un sistema de pago de mordidas simplemente por contratos menores.
En lo que respecta a otros pagos efectuados también en 2014, Roura ha asegurado que los abonó por orden del histórico directivo de Indra, el exvicepresidente Regino Moranchel, y que entendió que se trataban de facturas reales las cuáles en ningún momento se planteó cuestionar. De acuerdo con las pesquisas, Roura habría efectuado un segundo pago de 10.000 euros al empresario Miguel Ángel de la Fuente y una tercera entrega de efectivo por importe de 90.000 euros a Madoz Echevarría.
Este último está vinculado a la mercantil Swat y es considerado por la UCO como uno de los protagonistas más activos de la presunta financiación paralela de las campañas electorales de Aguirre. Tanto es así que junto con Óscar Sánchez Moyano (Formaselect Consulting) confeccionaron facturas falsas a Indra con importe superior a 1,13 millones de euros. La declaración de Roura es la primera de una serie de batería de citaciones acordadas para esta semana entre las que se encuentran la del exconsejero madrileño Borja Sarasola para este martes o la del expresidente de Indra Javier Monzón, señalada para el próximo viernes.
El papel de la compañía está en entredicho después de que el magistrado apuntara en su auto que nunca se activó ni aplicó ningún protocolo dirigido a evitar que se convirtiera en un presunto instrumento de desvío de fondos desde el Gobierno madrileño. Por ese motivo acordó, además de la citación de Monzón en su condición de presidente de la compañía, la de la propia Indra como persona jurídica. La misma estaba prevista para este viernes si bien la defensa letrada de la compañía ha pedido al magistrado un aplazamiento de la citación.
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