Una vez que ha pasado el espejismo de la constitución de las Cortes Generales con presencia de los cinco presos del procés electos, y con sus derechos políticos intactos, la realidad vuelve a su curso y los cinco políticos catalanes están de nuevo en el banquillo del Tribunal Supremo, donde su destino sólo depende de los jueces que decidirán sobre su responsabilidad por los delitos de sedición, rebelión o malversación de fondos. Antes de que todo eso ocurra, la cuestión se ha enredado con la posible inhabilitación de los cinco presos electos, pedida por la oposición, que ha enfrentado al juez que juzga el caso del procés en el Supremo, Manuel Marchena, con la nueva presidenta del Congreso, Meritxel Batet, que apenas lleva dos días en el cargo.
Batet pidió a Marchena un informe judicial en el que se justificara esa inhabilitación, para reforzar de alguna manera la difícil decisión que tiene que tomar en tan corto plazo. Pero la respuesta del juez no ha sido la esperada desde el ámbito político. En lugar de enviar el informe, el presidente de la Sala de lo Penal le ha mandado un escueto escrito en el que le recuerda a la política socialista que "la configuración constitucional" del Tribunal no permite hacer algo así, y le ha conminado a tomar una decisión por su cuenta y con su reglamento. Fuentes jurídicas cercanas al caso advierten que lo que quiere evitar Marchena es implicar a su tribunal en una decisión política que corresponde al Legislativo, sobre todo mientras está juzgando a los mismos presos. "Esa mezcla de responsabilidades es lo que el juez quiere evitar, para que no haya ninguna sospecha sobre la imparcialidad con la que está juzgando el caso", señalan las fuentes jurídicas consultadas.
Desde el punto de vista de la técnica jurídica, la decisión de Marchena se escuda en que cuando hay una "jurisdicción especial" para tomar una decisión avalada por la ley, como es este caso, no se debe utilizar la "jurisdicción general" que sobre esta cuestión tiene el alto tribunal. Es decir, que el Supremo, podría decidir por su cuenta esa inhabilitación, en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lugar de dejar todo en manos de la mesa del Congreso para que aplique el artículo 21 de su Reglamento, que siempre será una norma de rango menor que una ley. Pero no parece que esté por la labor de facilitar las cosas de esa manera si eso supone el más mínimo menoscabo a su credibilidad e imparcialidad en pleno juicio al procés.
La Sala Segunda de lo Penal del Supremo tiene bajo su potestad durante el juicio el control de todos los movimientos de los procesados mientras estén en situación de prisión preventiva. Fuentes judiciales cercanas al caso aseguran que una vez que la propia Fiscalía del Supremo ha pedido al juez que exija al Congreso su inhabilitación, es muy difícil que no sean suspendidos, sobre todo porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara (artículo 384 bis) a la hora de determinar la inhabilitación automática de quienes estén procesados por un auto firme y en situación de prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. Esa situación se prolonga, al menos, mientras dure la situación de prisión de los encausados.
La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había pedido a su homólogo en el Supremo, Carlos Lemes, que defina la postura del alto tribunal en un informe para estar segura de que la decisión de inhabilitar a los cinco presos con acta de diputados y senadores (uno de ellos) tiene todo el respaldo político y se hace con luz y taquígrafos, para que no haya ningún tipo de sospecha sobre su actuación. No en vano, ese ajuste en el hemiciclo, sin que los presos renunciaran a su acta de diputados, dejaría las próximas votaciones con un máximo de 346 escaños, de forma que la mayoría absoluta se situaría en 174 votos, que el PSOE tiene asegurados si todo va como está previsto, para sacar adelante la investidura del presidente dentro de un mes.
"El Parlamento no puede hacer otra cosa que no sea aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal -aseguran desde el ámbito de la Fiscalía-, porque el caso contrario sería un escándalo para el Estado de Derecho". De la misma manera, dos exmagistrados consultados por La Información advierten que cabe perfectamente la opción de que el propio Tribunal Supremo decidiera su inhabilitación, "porque es una cuestión pura de derecho procesal, que debería estar por encima del aspecto político de todo este tema; eso es lo que nos gustaría que se hubiera hecho a muchos juristas", apostillan.
En el hipotético caso de que la Mesa del Congreso decidiera finalmente mantener a los cuatro presos diputados en activo, hay que tener en cuenta que solo podrían acudir al pleno con el permiso especial del Tribunal que les juzga y que preside Marchena, dado que es el que ostenta el control de su libertad mientras se lleva a cabo el juicio. Esa posibilidad, con la que prácticamente nadie cuenta a priori, cargaría sobre el Poder Judicial la responsabilidad de influir o trastocar el funcionamiento del Poder Legislativo, dado que los cuatro votos implicados son clave en el equilibrio de poder del Congreso. "Pero eso es algo que no puede pasar por la cabeza de ningún juez, y mucho menos de alguien del nivel de Marchena", aseguran desde la judicatura.
Lo que es seguro que traerá más complicaciones es la opción del líder de ERC, Oriol Junqueras, de dejar el acta de diputado y aferrarse a la que pretende conseguir para el Parlamento Europeo. En ese caso, habría que analizar lo que dice la institución con sede en Estrasburgo, "aunque la situación debería ser muy parecida a la que hay en España ahora", aseguran los expertos consultados.
Sánchez investido y los presos condenados
Los diputados y el senador presos por el procés pueden renunciar al acta y dejar que sus puestos los ocupen otros compañeros de la lista electoral en cualquier momento, pero de una forma o de otra, es evidente que Pedro Sánchez tiene la investidura garantizada, aunque sea mediante su aprobación en segunda votación y por mayoría simple, de forma que una complicación política de la situación no conllevaría ningún cambio significativo, por el momento, en el resultado final.
Desde el ámbito judicial advierten que el juicio avanza a buen ritmo y ha entrado ya en el análisis de las pruebas periciales y documentales, de forma que es casi seguro que antes del mes de agosto quedará visto para sentencia. En el Tribunal Supremo se cuenta con tener una sentencia firme dictada antes de finales de noviembre de este año, de forma que, dada la gravedad de los delitos tratados y las penas que conllevan, un fallo condenatorio dejaría en la cárcel a los acusados durante más de los dos años que ya han pasado de preventiva, con toda seguridad.
Se da por descontado, además, que la sentencia llevará aparejada la inhabilitación para ejercer cargo público, de forma que el transcurso lógico de los acontecimientos a partir del mes de noviembre es que los cuatro diputados y el senador que este martes pasaron su primer día en ambas cámaras, queden en prisión durante todavía más tiempo.
Será entonces cuando caigan de forma automática sus actas (si todavía no han renunciado a ellas) y sean sustituidos por los siguientes nombres de las listas, de manera que el Congreso vuelva a la normalidad con el presidente investido, 350 posibles votos en cada pleno y la mayoría absoluta en 176.
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