Tras conocerse las últimas previsiones sobre turismo en Semana Santa, según las cuales el alquiler vacacional gana por goleada a los alojamientos tradicionales, el sector hotelero se ha levantado en armas contra Airbnb. Según las principales asociaciones, los alquileres vacacionales juegan con ventaja, ofreciendo precios más rentables para grandes grupos puesto que no se controla el número de personas, mientras que los hoteles se ven obligados a bajar cada día más los precios para no perder competitividad. Por ello, dicen, es necesario equilibrar esta situación, cosa que, denuncian, los gobiernos no han conseguido hasta ahora, y proponen duplicar o hasta triplicar el IBI a los dueños de estos inmuebles.
"No es justo que no podamos competir en las mismas condiciones. No solo porque los gastos de un hotel sean infinitamente superiores a los de un piso turístico y que incluso paguemos más impuestos, sino porque su modelo de negocio es más rentable en tanto que cobran por espacio sin tener en cuenta el número de inquilinos. Nosotros nos vemos obligados a bajar cada vez más las tarifas para poder ser competitivos. Ya no es solo que una determinada compañía gane más o menos. Es una cuestión que va más allá de todo eso. Es que están en juego miles de puestos de trabajo de los que depende el sustento de muchísimas familias, entre empleos directos e indirectos que genera un hotel", comentan fuentes de NH.
Por ello, las principales asociaciones hoteleras planean reunirse con el Ejecutivo de Rajoy para exponerle una hoja de ruta que permita a los dos tipos de alojamiento competir en igualdad de condiciones. Así, además de incrementar la carga impositiva a los propietarios de estos pisos, van a pedir que se limite el número de personas en un apartamento y que se cobre en consecuencia, esto es, que se aplique un recargo en función de los ocupantes. "Es cierto que todavía se está debatiendo entre las distintas asociaciones qué medidas incluir o no. Hay bastante consenso en esas dos, aunque todavía no se ha decidido cuánto debería incrementarse el IBI de estos pisos, no solo por nosotros. Tampoco es justo que pague lo mismo quien se lucra a modo de negocio que quien utiliza su casa para vivir", detallan fuentes del sector.
En este sentido, el propio director del Barcelona Global, una entidad privada que agrupa empresas, centros de investigación, universidades e instituciones culturales, ha sugerido la creación de un modelo que regule las viviendas de uso turístico y que limite su ocupación, y ha pedido más transparencia en su supervisión, a través de un sistema de gestión inteligente que recoja toda la información relevante sobre éstas. También ha propuesto que se aumenten las tasas turísticas, lo que generaría unos 6 millones de euros extra que podrían dedicarse a vivienda social, aunque, según matizó, que se lleven a cabo estas medidas dependerá de la respuesta de las distintas administraciones.
Esta es, precisamente, una de las mayores quejas del sector hotelero. Fuentes de la cadena Ibis señalan que las limitaciones que se han impuesto desde los ayuntamientos de las grandes ciudades a los pisos turísticos son insuficientes y que son de difícil cumplimiento. "Hay que tener en cuenta que se han limitado a poner una serie de normas, pero no están vigilando como deberían que se cumplan. Además, existen muchos pisos sin licencia y otros que, aunque la tienen, optan por no declarar todas los servicios para no tener problemas legales. No vale solo con legislar, hay que poner medidas para que estas leyes se cumplan. Subir el IBI es una medida que solo se puede eludir si se opera sin licencia y es mucho más fácil perseguir este fraude", aseguran.
En guerra con la CNMC
Sin embargo, no es el único frente abierto que tienen los hoteles. El anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMC) de impugnar el decreto de Hacienda que obliga a ofrecer información fiscal y de sus clientes a las plataformas que gestionan viviendas de uso turístico ha escocido mucho en el sector. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha calificado de "vergonzante y grotesca" esta decisión y ha denunciado el trato "favorable y discriminatorio" a las viviendas privadas de uso turístico y exigen a las Administraciones que establezcan normativas de cumplimientos para todos. "La gente tiene que cumplir las leyes les gusten o no y luego cuando vengan las elecciones que voten al partido político de sus intereses", argumentó Juan Molas, el presidente de la asociación, asegurando que la situación llega a un punto que es incluso "cabreante".
Por su parte, las asociaciones de apartamentos turísticos, como Apartur, han mostrado su oposición a que se graven los alquileres vacacionales y han celebrado la decisión de la CNMC. Así, estas organizaciones sostienen que se está criminalizando a los pisos turísticos porque "han acabado con los abusos de los hoteles", que "no están perdiendo, pero no quieren repartir su trozo del pastel" y han pedido sentido común a los gobiernos y que no utilicen este asunto "de manera populista". "Se trata de trabajar con el Gobierno en soluciones de sentido común que faciliten que los anfitriones paguen su parte justa de impuestos", concluyen desde Airbnb.
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