HRW denuncia las duras penas de cárcel por criticar monarquía en Tailandia

  • La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a personas acusadas de criticar a la monarquía en Internet o por otros medios electrónicos en Tailandia.

Bangkok, 23 ene.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a personas acusadas de criticar a la monarquía en Internet o por otros medios electrónicos en Tailandia.

HRW afirmó en un comunicado que en 2011 el país asiático sufrió una campaña contra la libertad de expresión a través de las leyes de lesa majestad y de medios electrónicos, según recoge su "Informe anual 212".

La organización se refirió a la pena de 20 años de cárcel impuesta a una de las más de 400 personas juzgadas por lesa majestad entre 2010 y 2011 por enviar varios mensajes de móvil ofensivos con la reina y la monarquía contra el sexagenario Ampon Tangnoppakul.

"Los usuarios de móviles e Internet se enfrentan a largas sentencias de cárcel por el mal uso que hace el Gobierno de las leyes de lesa majestad y de medios electrónicos", indicó Brad Adams, director de HRW en Asia.

Para Adams, ni el actual Gobierno de Yingluck Shinawatra ni el anterior de Abhisit Vejjajiva han cumplido sus promesas de implementar medidas para que se respeten los derechos humanos.

Según HRW, aún está por esclarecer la violencia en 2010 entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes conocidos como los "camisas rojas" que causó la muerte de al menos 90 personas, la mayoría civiles, y más de 2.000 heridos.

El director de HRW señaló que Yingluck Shinawatra se decanta en favor de los "camisas rojas", seguidores del Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, cuyos líderes forman parte de su grupo parlamentario e incluso del Gobierno.

Otros asuntos sin resolver según la organización de derechos humanos son los abusos del Ejército y la guerrilla separatista musulmana en el sur del país, la situación de los refugiados o las 2.500 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la "guerra contra las drogas" en 2003.

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