HRW pide a Hungría modificaciones legales para garantizar derechos cívicos

  • La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al reelegido primer ministro conservador húngaro, Viktor Orbán, que modifique varias leyes -sobre minorías, independencia judicial y libertad de prensa- para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Budapest, 29 abr.- La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al reelegido primer ministro conservador húngaro, Viktor Orbán, que modifique varias leyes -sobre minorías, independencia judicial y libertad de prensa- para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

HRW aseguró en una carta abierta que el nuevo Gobierno de Hungría debería "tomar medidas para garantizar la independencia judicial, la libertad de prensa, y para que los derechos de las minorías se respeten plenamente".

La organización se refiere así a una serie de leyes aprobadas por el Gobierno de Orbán en su primer mandato que fueron criticadas en la Unión Europea por limitar la democracia en Hungría.

La organización defensora de los derechos demandó establecer un sistema de designación multipartidista para los miembros del Consejo de Medios, que supervisa a los medios de comunicación, para asegurar su independencia, ya que los miembros de este órgano fueron nombrados sólo por el partido conservador gubernamental.

También demandó retirar las limitaciones del poder del Tribunal Constitucional que introdujo el Gobierno conservador, como que no pueda revisar la idoneidad de las leyes de rango constitucional, y que también fueron criticadas por la UE.

Además, la ONG pide que se den pasos concretos para proteger a la minoría gitana, que constituye alrededor del 5 % de la población del país, y que se condene de forma pública la retórica antisemita y antigitana.

HRW también solicita al Gobierno húngaro que anule una enmienda constitucional que permite multar a los sin techo y demanda que se les deje de "criminalizar".

Orbán revalidó el pasado 6 de abril una mayoría de dos tercios en el Parlamento, lo que permite a su formación conservadora aprobar en solitario normas de rango constitucional, algunas de ellas criticadas por EEUU y la UE.

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