Ibarlucea rechaza su entrega a España y queda detenido en Londres sin posibilidad de fianza

Londres.- Garikoitz Ibarlucea Murua, reclamado por España por participar en actos de violencia callejera, rechazó hoy ser extraditado y quedó detenido en Londres sin posibilidad de fianza, a la espera de que se celebre la vista sobre su entrega.

Ibarlucea, de 29 años, fue detenido el domingo en Londres en su puesto de trabajo como cocinero en una cadena de alimentación de productos orgánicos en el barrio del Soho, en el centro de la capital británica, tras ser localizado por la policía local.

Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega por su participación en actos de violencia callejera en el País Vasco entre 2001 y 2002 y, tras su detención, fue conducido hoy ante la Corte de Magistrados del distrito de Westminster.

Ibarlucea, nacido en 1981 en Ibarra (Guipúzcoa), compareció durante unos veinte minutos ante la jueza Daphne Wickham, quien escuchó del representante de la fiscalía, Daniel Sternberg, los delitos que se le imputan en la orden europea de detención y entrega (OEDE).

Esa orden fue dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el 10 de diciembre de 2007 por un delito de pertenencia a organización terrorista y vincula a Ibarlucea con tres episodios concretos de violencia callejera.

Se trata de ataques con artefactos incendiarios: el primero de ellos contra el vehículo de un funcionario del Gobierno vasco en Ibarra en noviembre de 2001, el segundo contra unas oficinas de Correos de Alegría (Guipúzcoa) en abril de 2002 y el tercero contra un autobús con pasajeros en la N-1 en dirección a Tolosa (Guipúzcoa) en mayo de 2002, acciones que causaron cuantiosos daños materiales.

Sternberg explicó que estas acciones constituyen un delito de conspiración para causar explosión y para cometer asesinato, penadas cada una de ellas con una pena máxima de cárcel de 16 años.

Por "estos crímenes extremadamente serios" y porque Ibarlucea se encontraba huido de la Justicia española, el representante de la Fiscalía pidió que no se le diera opción de quedar en libertad bajo fianza, lo que tampoco solicitó el abogado defensor, Ben Cooper.

Ibarlucea fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2002 por participar en estos y otros actos de "kale borroka" en Guipúzcoa, pero se encontraba huido desde 2006, cuando no se presentó al juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional.

Ibarlucea fue detenido junto a otros siete jóvenes -Aritz Sudupe, Eñaut Garmendia, Ibon Arnalde, Iosu y Mikel Ozaita, Jon Otegi y Goar Jiménez- a quienes el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejó inicialmente en situación de prisión provisional.

Cuatro meses después, en febrero de 2003, el juez Guillermo Ruiz Polanco, instructor de la causa, los dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al considerar que no existía riesgo de fuga.

En octubre de 2006, la Audiencia Nacional condenó a los jóvenes a penas de uno y dos años de cárcel, después de que el fiscal, que inicialmente pedía entre 32 y 96 años de prisión para ellos, y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad, tras reconocer éstos su participación en los hechos.

Entre las acciones por las que Ibarlucea iba a ser juzgado cuando no se presentó a la vista oral, estaban el lanzamiento de artefactos incendiarios y piedras a la vivienda de dos concejales del PSOE en Ibarra en septiembre de 1999, y en 2000, cócteles molotov a la sede del "Diario Vasco" de Tolosa y a la estación de Renfe de esta localidad, así como al batzoki del PNV (sede social) en Zizurkil.

Además, en enero de 2001 los ocho jóvenes intentaron destruir la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Tolosa.

Su situación procesal en España puede ser más grave y comportar una mayor pena de cárcel por haberse fugado, pero previamente la jueza Wickham, que lleva los casos de extradición en la Corte de Magistrados de Westminster, tendrá que aprobar su entrega a España.

La próxima comparecencia de Ibarlucea está prevista para el 22 de marzo y previsiblemente se realizará mediante videoconferencia, según solicitó la defensa y autorizó la jueza.