Iberdrola vuelve a mostrar su rechazo a aplicar medidas de protección al que fuera su 'controller', José Antonio del Olmo, que denunció presuntas irregularidades en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán se apoya ahora en el Anteproyecto de Ley la protección de denunciantes de infracciones, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de marzo, para reiterar su postura contraria a que el exdirector de Funciones Corporativas consiga un estatus procesal 'especial' en el conocido 'caso Villarejo' y advertir al juez Manuel García Castellón que no tiene competencia para decidir sobre la condición que debe tener este investigado, al que considera un testigo "clave".
El equipo legal del primer grupo eléctrico a nivel nacional ha enviado recientemente un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso La Información, en el que subraya que cualquier decisión que adopte sobre este asunto puede ser "nulo de pleno derecho" porque la futura ley sobre protección de denunciantes prevé la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante, que examine los requisitos para que una persona pueda ser considerada "informante" y otorgarle las garantías que se contemplen.
Es por ello por lo que considera que el juez García Castellón, encargado de investigar los negocios privados del comisario jubilado Villarejo, puede originar un "conflicto de jurisdicción" al estar adentrándose en una materia que próximamente dependerá de una figura administrativa y no judicial. Asimismo, la compañía recuerda que Del Olmo está investigado en la pieza 17 del caso 'Tándem', centrada en investigar los encargos que realizó Iberdrola al agente encubierto entre 2004 y 2017, y que ya ha sido condenado por un juez de lo mercantil por sustracción de facturas. En este sentido, indica que no se puede extender la protección del informante a "aquellos casos en los que produce la comisión de delitos para acceder a la información o como consecuencia de la divulgación de información no relevante".
Así las cosas, los abogados de Iberdrola añaden que las medidas de protección que se proponen aplicar no están vigentes. Según apostillan, el juez instructor de la Audiencia Nacional preguntó a las partes su opinión sobre este asunto el pasado 27 de enero en función del texto de la directiva 'whistleblowing', si bien la base ha variado, pues a principios de este mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la transposición al ordenamiento jurídico español de la norma europea, lo que significa que los trámites parlamentarios aún no han tenido lugar.
Decisión aplazada
Ante estas alegaciones, la defensa de Del Olmo ha presentado un escrito de contestación, que también ha podido ser consultado por este diario, en el que asegura que el hecho de que la legislación española no contemple aún dichas medidas de protección no puede ser motivo para denegarlas. "El ciudadano no puede soportar perjuicio alguno, por el incumplimiento y falta de precauciones suficientes por parte del Estado (...) no puede ver privado el ejercicio de un derecho legitimo", enfatiza. Así, recuerda que la decisión sobre la posibilidad de otorgarle medidas de protección, que él mismo interesó para frenar "represalias" por denunciar presuntas irregularidades en la contratación de Villarejo, se ha aplazado hasta su declaración el próximo 18 de abril -a petición propia-, según pidió la Fiscalía Anticorrupción, que aún no ha manifestado su postura.
José Antonio del Olmo elaboró un informe en 2004, que depositó ante notario, en el que se constataba la existencia de un sistema de triangulación de facturas para pagar al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto, con el conocimiento de la cúpula directiva. Este documento se puso en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2019 con la apertura de la decimoséptima línea de investigación de la macrocausa 'Tándem', que sirvió de base para la imputación, un año y medio después, de Sánchez Galán.
Varios frentes judiciales
A raíz de que este informe saliera a la luz, así como por las declaraciones iniciales de Del Olmo ante el juez, Iberdrola inició varios frentes judiciales con el fin de demostrar que dicho informe es totalmente falso, ya que, según indican fuentes cercanas a la compañía, no se encuentra internamente registrado. Según indicaron Sánchez Galán, los directivos imputados, así como el representante legal de Iberdrola Renovables Energía (investigada como persona jurídica), el antiguo 'controller' ni advirtió de las supuestas irregularidades en los pagos a sus superiores, sino que siguió visando facturas hasta su marcha de la empresa en 2016.
La compañía eléctrica insiste en este punto en su reciente escrito para afirmar que el exjefe de Control Corporativo de la eléctrica no reúne las condiciones para ser tratado como denunciante o "informante" y, por tanto, no puede disfrutar de las medidas que contempla la directiva europea y el anteproyecto de ley. Por un lado, porque Del Olmo "no denunció ni utilizó nunca ninguno de los posibles canales de denuncia puestos a su disposición en Iberdrola, dice el escrito de Iberdrola. Y, por otro lado, porque ambas normas impiden la adopción de medidas de protección en relación en "aquellos casos en los que la información facilitada por el informante no es veraz".
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