El caso Villarejo acaba de cumplir otros doce meses cruciales en la Audiencia Nacional. En este tiempo el macroprocedimiento que aglutina todos los encargos de espionaje gestionados por el comisario ya jubilado ha ido abriendo nuevas líneas de investigación hasta sumar cerca de una treintena de piezas. En todas ellas se indaga si el policía cometió delito de cohecho y revelación de secretos con los trabajos de inteligencia que desarrolló para todos sus clientes, entre ellos grandes empresas del Ibex 35. De ahí que, aunque la causa sigue añadiendo nuevas líneas de investigación y nuevos protagonistas, el foco se mantiene puesto en entes como BBVA o Iberdrola, los cuáles siguen muy pendiente del avance de estas complejas investigaciones.
La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán seguirá estando en el centro de las pesquisas este 2021 tras la imputación de José Antonio del Olmo, hasta ahora testigo estrella que denunció los encargos a Villarejo. Esta es una de las diligencias que se han llevado a cabo en la pieza decimoséptima después de que se levantara el secreto de sumario en verano por los trabajos que se prestaron durante 13 años. Se trata del mismo espacio temporal que se investiga en relación a los encargos del banco que ahora preside Carlos Torres. Esta pieza novena ha sido, de nuevo, una de las protagonistas del año que termina en parte por las desavenencias generadas con la investigación interna impulsada por la entidad. El resultado de la misma está ahora en manos de la Policía Judicial que estudiará todos los nombres de las 'víctimas' del policía por orden del magistrado Manuel García Castellón.
No obstante, el foco en este cuarto año de andadura que acoge la Audiencia Nacional no solo estará en las investigaciones vigentes y las nuevas que se vayan abriendo, sino también en los primeros juicios que acoja la causa. De hecho, uno de los grandes avances de la instrucción que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha sido el cierre de varias 'patas' del caso. De este modo, 2021 será el año que casi con total seguridad acoja la apertura de juicio oral de las primeras piezas de Tándem. Entre ellas destaca la conocida como Iron. Este trabajo que realizó para el despacho Herrero y Asociados se convirtió en el primero en terminar de investigarse en mayo. El juez entendió entonces que hay indicios de que los principales acusados vulneraron los derechos fundamentales de los espiados con este proyecto que implicó el acceso ilegal a datos bancarios, tributarios, así como el control del tráfico de llamadas.
Los primeros juicios
Sin embargo, no ha sido la única línea en cerrarse. Mismo modus operandi se siguió con los proyectos Land (sobre el espionaje encargado por una rama de la familia de los García Cereceda); Pintor (que salpica a los empresarios Juan y Fernando Muñoz), la pieza Dina (sobre el robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias) o la que implica al excomisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca. Todas ellas se encuentran en la fase previa de la apertura de juicio oral; un paso que se producirá en este 2021 teniendo en cuenta que los investigadores no quieren demorar más el enjuiciamiento al agente encubierto. El próximo mes de noviembre Villarejo cumplirá el máximo legal de cuatro años en prisión provisional. Se trata de una medida acordada tras su detención en noviembre de 2017 y que el instructor ha ido prorrogando con el avance de las diligencias.
El objetivo, pues, es celebrar juicio y contar con sentencia antes de que se cumplan cuatro años de cárcel para evitar su salida del centro penitenciario. Tanto Anticorrupción como el juez instructor alegan que todavía persiste riesgo de fuga y de destrucción de pruebas; requisitos que justificarían esta medida de privación de libertad. Además, si hay algo que también ha dejado el avance del caso Villarejo en este 2020 que ya termina ha sido el estudio de nuevas líneas de investigación. Hace doce meses, la Audiencia Nacional abría nueva pieza por los encargos de Repsol y Caixabank al entramado del agente. Un año después, el impulso de las diligencias ha permitido imputar a los exjefes de seguridad de ambos entes, los cuáles ya han declarado en sede judicial.
Pero no es el único avance de calado. El análisis del material incautado al comisario y a sus socios más cercanos también ha llevado a poner el foco en encargos como el de Persán, del abogado Antonio E Chávarri o el que habría efectuado el empresario mallorquín Bartolomé Cursach. Otro de los nombres nuevos que aparecen en el caso Tándem es el de Javier López Madrid. En concreto, en la pieza 24, incoada este 2020 para investigar si el exconsejero delegado de OHL contrató los servicios de Cenyt para amenazar a la doctora Elisa Pinto. Se trata de un nuevo frente penal sobre el capítulo relativo al presunto apuñalamiento de la dermatóloga y que también se ha investigado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla, el cual está a la espera del informe del Ministerio Fiscal.
Nueva red desde prisión
Pero si hay una pieza que ha provocado otro giro destacable en este macroprocedimiento es la número 28. En la misma se investiga la existencia de un entramado de compraventa de documentos oficiales que Villarejo habría puesto en marcha desde prisión con ayuda de Alfonso Pazos, abogado con quien coincidió en el mismo módulo de la cárcel. Pazos fue uno de los detenidos en el operativo impulsado por el juzgado el pasado mes de octubre cuando los agentes arrestaron también a la segunda mujer del comisario, Gemma Alcalá. Los agentes sospechan que ella habría dirigido el entramado desde fuera y se habría acercado a clientes del comisario para ofrecer información que les interesa (como la relativa a la operación Cataluña) a cambio de importantes sumas de dinero con las que obtener liquidez.
El operativo contó también con un registro en la celda del comisario jubilado. Precisamente esta fue una de las últimas diligencias practicadas por el fiscal Ignacio Stampa. Tanto él como Miguel Serrano impulsaron las pesquisas hace más de tres años cuando no se acertaba a adivinar la dimensión que cobraría la causa. En todo este tiempo han trabajado bajo el anonimato pero si hay algo que deja también el 2020 es el cisma que se vivió en la Fiscalía Anticorrupción tras filtrarse en prensa chats del equipo legal de Podemos en los que una de las abogadas sugirió la existencia de una relación con Stampa que luego negó. No obstante, el revuelo mediático tuvo su derivada en el Consejo Fiscal que no le respaldó para obtener plaza fija en el órgano que dirige Alejandro Luzón. En su lugar entró César de Rivas aunque el fiscal jefe consideró clave reforzar este equipo con hasta dos miembros más de la plantilla: Jorge Andújar y Alejandro Cabaleiro.
El caso llega al Supremo
Con todo, en este 2020 hay muchas de estas patas de la causa que han avanzado a pasos de gigante. Entre ellas destacan dos que tienen como particularidad que no se tratan de encargos a Cenyt: la pieza Dina y Kitchen. La primera de ellas se abrió en marzo de 2019 para investigar si se le sustrajo el teléfono a Dina Bousselham hace ahora cinco años para filtrar su contenido en prensa. De las piezas que integran la causa esta ha sufrido el giro más radical tras constatarse que la filtración del contenido del teléfono pudo haberse producido desde dentro de Podemos, tal y como sostienen los investigadores. Ello provocó que el juez le retirara la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y derivara el asunto al Tribunal Supremo al constatar que pudo cometer tres delitos. Tras el dictamen de la Fiscalía, la pelota está en la Sala de lo Penal, la cual tiene en su mano decidir sobre si investiga o no al líder de la formación morada.
Otra de las líneas 'estrella' del año ha sido el caso Kitchen. El levantamiento del secreto del sumario permitió acreditar que el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas se produjo desde la brigada parapolicial y se costeó con fondos reservados del Estado. El foco se centra ahora en el brazo político del asunto, especialmente tras las imputaciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez. El magistrado abrió un pequeño apartado secreto dentro de esta pieza en el marco del cual ha interrogado al exchófer del político, Sergio Ríos Esgueva, y al propio Bárcenas. Su objetivo es esclarecer si la contratación de Ríos Esgueva (que acabó convirtiéndose en 'topo' policial) se produjo desde el entorno de la entonces cúpula del Partido Popular. De ahí que esta pieza sea una de las que más avances se esperan para el próximo 2021.
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