Iberdrola ha cargado duramente contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por dañar su reputación debido a la investigación de su cúpula directiva en el conocido como 'caso Villarejo'. En un reciente escrito, el equipo jurídico de la eléctrica responsabiliza al magistrado instructor de "perjudicar" sus relaciones comerciales, haciendo referencia al plan de expansión en Estados Unidos, por lo que exige mayor celeridad en resolver dicho asuntos judicial. En este sentido, recuerda al juez que, pese al mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aún no ha practicado ni una sola diligencia de investigación relacionada con la querella que la compañía interpuso contra uno de sus exdirectivos por la elaboración de un informe, no registrado internamente en la empresa, en el que acusaba al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de estar al corriente de los supuestos pagos fuera del cauce legal que se hicieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo por sus servicios.
Así lo exponen los abogados de Iberdrola en un escrito que han presentado este mismo viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 y en el que comienzan reprochando al titular de dicho órgano, Manuel García Castellón, que el pasado mes de julio acordara expulsar del caso 'Tándem' a la compañía, justo un año después de que asumiera la investigación de la querella por falsedad interpuesta contra José Antonio del Olmo y sin darle traslado del sumario. Dicha decisión fue revocada el pasado 12 de noviembre por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, si bien, según indica la eléctrica, el juez y fiscales prefieren "relegar cualquier investigación al respecto" y tomar declaración como investigados a la cúpula directiva, encabezada por Sánchez Galán, el próximo mes de enero, en el marco de la decimoséptima pieza de la macrocausa.
Iberdrola destaca que la imputación del presidente de Iberdrola y de otros "destacados directivos" como Fernando Becker, Rafael Obergozo, o Francisco Martínez Córcoles -éste último actual 'número dos' de la compañía-, tiene su origen en el documento que el que fuera responsable de Control de Funciones Corporativas redactó, depositó ante notario y años después entregó al juez que investiga las presuntas irregularidades en la contratación de Villarejo. Por ello, considera que todas las pruebas relacionadas con la investigación de la querella, así como la declaración del propio Del Olmo como investigado -tras y como solicitó la empresa liderada por Sánchez Galán el pasado 18 de noviembre-, deben practicarse antes del próximo 17 de enero, cuando está previsto que se inicie la ronda de declaraciones de la cúpula directiva.
En esta misma línea se ha manifestado de forma paralela la defensa del presidente de Iberdrola, que este mismo viernes también ha presentado un recurso contra su citación como investigado el próximo 18 de enero. Según señala el abogado Carlos Domínguez en el escrito, que también ha podido ser consultado por este diario, la decisión de impugnar la convocatoria judicial no tiene por objetivo "eludir" la declaración, sino tan solo aplazarla hasta que se investiguen los hechos relacionados con el informe que en su día elaboró Del Olmo, y en el que se basa el juez para imputar a la cúpula directiva. Asimismo, la defensa de Sánchez Galán también recuerda que hace unos meses denunció que los hechos por los que se investiga a su cliente están prescritos y que el juez aún no se ha pronunciado al respecto. Por todo ello, entiende que lo oportuno sería retrasar la comparecencia judicial hasta que todos estos puntos se hayan esclarecidos para evitar causar "indefensión".
"Claro perjuicio" causado
Así las cosas, la compañía dirigida por Sánchez Galán lamenta la actuación del magistrado y que esté impulsando la investigación en un "sólo en un sentido". Y es que, según los abogados, ello está causando el "claro perjuicio de Iberdrola que ve, así, cómo se va resintiendo su reputación", además del "daño económico". Muestra de ello ha sido la compra frustrada de PNM Resources, una operación clave en el plan de expansión de la primera eléctrica española en EEUU. Para incidir en este punto, el escrito entregado al juez subraya que la decisión de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México para rechazar la 'megaoperación' de adquisición "ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal", pues cinco de los comisionados que votaron en contra de la operación hicieron alusión al caso 'Tándem'.
Con todo ello, Iberdrola pide al juez instructor que tome todas las medidas necesarias para garantizar su derechos, al tiempo que recuerda que "le corresponde a la Administración de Justicia, y especialmente a sus órganos judiciales, evitar los perjuicios que su actuación puede generar", no sólo evitando las dilaciones indebidas, "sino también los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad".
Un daño que, según insiste Iberdrola, ya está causado dado a que, en su opinión, el procedimiento ha traspasado límites: "La historia de la instrucción de los procedimientos penales en España -sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática- muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado", concluye el escrito.
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