Último paso antes de ser juzgado por presuntamente inflar los precios de la luz en 2013. Iberdrola Generación ha consignado ya los 192 millones de euros que la Audiencia Nacional le ha obligado afianzar tras sentarle en el banquillo, junto a cuatro directivos, por supuestamente haber ideado, hace casi nueve años, "un sistema" para alterar el coste de la electricidad, en plena ola de frío, causando un perjuicio de unos 107 millones de euros a los consumidores. La compañía intentó evitar tener que depositar dicho montante millonario antes de la celebración de la vista oral, si bien el órgano judicial ha rechazado esta pretensión.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, acordó el pasado 11 de julio llevar a juicio a la filial de Iberdrola y a cuatro altos cargos de la empresa por estos hechos que empezaron a ser investigados en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público elevó las pesquisas a la Audiencia Nacional después de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) multara en 2015 a la multinacional vasca con 25 millones de euros -cuyo pago está suspendido hasta que se resuelva el asunto por la vía penal- por la supuesta "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz a finales de 2013.
Así, el magistrado instructor dictó el auto de apertura de juicio oral, por el cual trasladó el expediente a la Sala de lo Penal para que ponga fecha al juicio en el que se dirimirá si con esta actuación se cometió un delito relativo al mercado y a los consumidores. Según indicó el juez, en los cinco años de investigación se han recabado indicios suficientes que acreditarían que Iberdrola Generación (como persona jurídica) y sus directivos pusieron en marcha un plan "para incrementar el precio de la energía que vendía" con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores".
Además, en dicha resolución, el juez Moreno impuso a los acusados una fianza a satisfacer de forma conjunta y solidaria de 192.231.272 euros. En concreto, 84.891.272 euros irían destinados al pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes a la responsabilidad civil, es decir, a posibles indemnizaciones a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten el perjuicio que les ocasionó la subida de luz en el periodo comprendido entre 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013. Cabe destacar que esta cantidad se consigna para garantizar las responsabilidades derivadas de una posible sentencia condenatoria. En caso de que el fallo sea de absolución, la cuantía será devuelta íntegramente.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la compañía eléctrica ya ha depositado la fianza exigida. Iberdrola ha avalado los 84,8 millones de euros por las multas impuestas, así como una quinta parte de la responsabilidad civil, mientras que sus seguros han afrontado la parte restante de la misma. Todo ello después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimara su recurso contra el auto de apertura de juicio oral, y más en concreto, contra la obligación de depositar la elevada cantidad reclamada antes de la celebración de juicio.
Iberdrola Generación y los cuatro directivos acusados impugnaron ante el juez Ismael Moreno dicha decisión y tras recibir una primera negativa, el asunto se elevó a una instancia superior. Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han resuelto en la misma línea que el instructor y han recordado que la mencionada resolución -la última que se dicta en la fase de instrucción- no puede ser recurrida. Así lo explican en un auto con fecha del pasado 8 de octubre, que también ha podido ser consultado por este diario.
No recurrió el procesamiento
Se da la circunstancia de que la filial del Grupo Iberdrola encargada de la producción de electricidad mediante la construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación no puso ningún reparo a que el juez Ismael Moreno decidiera llevarla a juicio por el denominado como 'tarifazo' de 2013. El equipo jurídico de la compañía, que siempre ha defendido la legalidad de su actuación y en base ello, meses antes de que se pusiera fin a la instrucción, exigió el archivo, decidió no recurrir su procesamiento, que se dio a conocer el pasado 26 de mayo. Y eso en la práctica implica que aceptó la celebración de la vista oral.
La postura de Iberdrola permitió acelerar todos los trámites, por lo que las acusaciones, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, presentaron un mes después los escritos en los que piden las condenas que consideran más adecuadas. Y tras ello, el magistrado instructor dictó el auto de apertura de juicio oral e impuso la fianza en cuestión. Una cantidad que se estipuló de acuerdo a las reclamaciones de las acusaciones. En concreto, el fiscal Antonio Romeral interesó para Iberdrola Generación la multa de 84,8 millones de euros (el cuádruplo del beneficio obtenido), más los 107 millones de indemnización por el perjuicio ocasionado, así como el posterior decomiso de 21.222.818 euros que la empresa habría tenido de ganancias con la subida de los precios.
En cuanto a los directivos investigados, el 'número dos' de Anticorrupción solicita la pena de dos años de cárcel y un multa de 144.000 euros para cada uno de ellos. De acuerdo con el relato del juez instructor, el responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas Zorrilla, era el encargado de elaborar las ofertas de mercado, en virtud de una serie de parámetros (aportaciones hidráulicas, niveles de los embalses, coste de combustibles o disponibilidad de las plantas). Este área de Iberdrola Generación celebraba reuniones de "planificación semanal" con otros departamentos para determinar el coste de la luz, cuyos responsables eran José Luis Rapún Jiménez (Gestión de Activos) y Gregorio Relaño Cobián (Optimización, Gestión de Recursos y Trading). Todos ellos dependían jerárquicamente del Despacho Central de Generación de la Energía, encabezado por Ángel Chiarri Toscano.
"De forma artificial"
Iberdrola ha asegurado en todo momento que el precio de la luz a finales de 2013 lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales". En este sentido, destacó que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por "circunstancias ajenas" a la compañía, como la escasez de agua.
El juez Ismael Moreno no tiene la misma opinión, pues según ha subrayado en varios autos, la filial de la multinacional incrementó a finales de 2013, de forma "artificial" y "sin causa legítima que lo justificara", el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Una conclusión a la que llegó tras la práctica de numerosas diligencias, como las declaraciones testificales del exministro de Industria José Manuel Soria y su 'número dos', Alberto Nadal; o tras estudiar los informes aportados por la CNMC, Red Eléctrica de España o la Agencia Española de Meteorología (AEMET).
Anticorrupción comparte la tesis del magistrado instructor. En su escrito de acusación, afirma que la consecuencia directa de las acciones ejecutadas por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros megavatio/hora, "lo que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros", que soportaron los consumidores y una veintena de comercializadoras. Asimismo, recuerda que "esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía".
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