La investigación penal por las contrataciones de Iberdrola a Villarejo toma un nuevo rumbo tras la imputación en la causa del considerado hasta ahora como testigo de cargo contra Sánchez Galán. La aparición en escena el pasado mes de diciembre de José Antonio del Olmo, antiguo directivo de la compañía, supuso un antes y un después en esta causa por los trabajos de espionaje de Villarejo. Su documento en el que denunciaba un sistema de facturas falsas desde Iberdrola para tratar de encubrir los pagos a Cenyt puso contra las cuerdas a la compañía y a su proveedora, que también participó en este supuesto sistema triangular.
Cerca de un año después, el escenario que se vislumbra en una de las piezas clave del caso Tándem es completamente diferente. Del Olmo acudirá el próximo 2 de diciembre a la Audiencia Nacional. Será la cuarta vez que desfile por sede judicial, aunque en este caso lo hará como investigado por delito de cohecho. El magistrado Manuel García Castellón, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha provocado un giro de los acontecimientos al imputarle por su papel de 'controller' en la compañía. Este cambio de escenario en apenas unos meses obedece a varios factores. Por un lado, la documental aportada por Iberdrola, por otro el fuego cruzado en los tribunales entre compañía y directivo y, finalmente por los últimos interrogatorios practicados en sede judicial.
La aparición de los trabajos de Iberdrola en el domicilio de Villarejo provocó la apertura de esta nueva línea de investigación que se sigue en la pieza número 17. Como ya ocurriera con otros encargos, como el del BBVA, los investigadores pusieron el foco en los responsables de estos acuerdos comerciales que se produjeron en un momento en que Villarejo era funcionario en activo dentro de la Policía Nacional. La primera imputación, como viene siendo habitual, fue la del entonces jefe de seguridad, Antonio Asenjo. El policía no era especialmente cercano a Villarejo pero le recomendaron la contratación de sus servicios en 2004. Ese año fue el primero que Iberdrola contrató a Cenyt en el marco del proyecto Arrow. El objetivo era espiar un momento vecinal en Arcos de la Frontera (Cádiz) que intentó frenar la instalación de una central de ciclo combinado.
Visó facturas de Villarejo
Iberdrola estaba especialmente interesada en sacar adelante esta construcción teniendo en cuenta que pagó por ella 329 millones de dólares en 2002. Además de este proyecto Arrow, Villarejo gestionó cerca de una decena de encargos a la eléctrica aunque fue este primero (el más caro) el que puso contra las cuerdas a la compañía por cómo se habría costeado. El informe de Del Olmo se centraba en el mismo y denunciaba "actividades anómalas" por los pagos gestionados desde la Dirección de Seguridad. Ello llevó al instructor a requerir documental clave a Iberdrola que ahora incrimina al que fuera denunciante de estos hechos.
La eléctrica entregó un documento de la dirección de Cumplimiento del 15 de junio de 2018 en el que consta que el directivo díscolo con Galán fue el encargado de supervisar facturas a Villarejo. En concreto, destaca una girada en febrero de 2012 por importe de 29.000 euros y relativa a servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía. Ello ha provocado no solo que los investigadores cambien su condición en el procedimiento sino que se planteen la veracidad de la prueba estrella de la causa. En su auto del pasado 23 de noviembre, el magistrado apunta que "no puede descartarse la posibilidad, señalada por José Luis San Pedro, que Del Olmo hubiera confeccionado expresamente el documento y procediera a protocolarizarlo para cubrir su responsabilidad como controller".
Tampoco descarta el juez que pueda haberse elaborado 'ad hoc' para llevarlo ante notario pese a la fecha oficial de su registro, en diciembre de 2004. Las sospechas del instructor se amparan en parte en la declaración que prestó el que fuera número dos de la compañía, José Luis San Pedro. El exalto cargo fue imputado en la causa junto con los también directivos Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo. Todos ellos negaron la veracidad del documento en sede judicial y defendieron además el sistema de control de facturas. Sus testimonios casan con el defendido por la eléctrica desde el mismo momento en que se supo de la existencia del papel puesto que mantienen que nunca lo llegaron a encontrar entre las oficinas y que no es cierto que San Pedro tuviera acceso al mismo en aquel entonces.
La teoría de la conspiración
Tanto es así que este cruce de versiones acabó en los tribunales. La eléctrica denunció a Del Olmo en un juzgado y ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta falsedad en documento privado. En julio se produjo un movimiento clave cuando el juzgado de instrucción de Bilbao sobre el que recayó esta querella se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. El magistrado entendió que estos hechos se podrían investigar dentro del caso Villarejo por tratarse de una parte más de la historia. Ahora, en su auto, se hace eco de este episodio y asegura que Iberdrola lo reputa "falso", que no lo encontraron en "los archivos oficiales" y que tampoco ha sido reconocido por los anteriores y actuales responsables del departamento de Administración, Control y Regulación de Control.
Todo este caldo de cultivo viene avivado por una teoría que se mantiene desde dentro de la eléctrica y de la que hizo alusión a grandes rasgos Antonio Asenjo en su interrogatorio en sede judicial. El exdirector de seguridad explicó que su aterrizaje en Iberdrola se produjo en 2001 cuando Sánchez Galán fue nombrado consejero delegado bajo la presidencia del fallecido Íñigo de Oriol. Fue entonces cuando pasó a compartir misión con el entonces director del área de seguridad, Marcos Peña. Según dijo, el policía quedó relegado a la seguridad privada del presidente y a las centrales nucleares. Ello devino en una enemistad que siguió tras la marcha de Peña de la compañía. Su nombre ha vuelto a relucir ahora en este procedimiento penal porque fue la persona que llevó a Del Olmo al notario. En concreto, le trasladó a Madrid a la notaría de su amigo Luis Ramallo, exdiputado del PP y declaró en sede judicial por estos hechos.
Algunas voces apuntan a este suerte de 'conspiración' para acabar contra Sánchez Galán, si bien Del Olmo ha explicado en sus declaraciones como testigo que si no denunció expresamente estos hechos fue porque temía las represalias que pudieran pagar tanto él como su hija, que hasta hace poco también estaba empleada en la multinacional vasca. Por su parte, los investigadores continúan la línea inicial en aras a esclarecer quien o quienes dieron la orden de contratar con Cenyt. De hecho, preguntaron expresamente a Rebollo en su cita ante el juez si había algún pacto interno en la multinacional para librar a Sánchez Galán de esta causa. Ninguno de ellos, ni tampoco Asenjo, le implicaron en las contrataciones con el Grupo Cenyt.
