La eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán se puso manos a la obra tras la difusión en prensa del informe que elaboró en 2004 su exdirectivo José Antonio del Olmo y le contactó en diciembre del pasado año para interesarse por su contenido. La carta, que redactó la defensa legal del Iberdrola tras una reunión previa con directivos implicados, advertía que era necesario que le suministrara todo el material que tuviera en su poder acerca de lo manifestado en el documento (en el que denunció la existencia de un sistema de facturas falsas para pagar a Villarejo) debido a la "interpretración interesada y torticera" que se estaba haciendo del mismo.
El contacto que entabló la eléctrica con el que fuera su director de Funciones Corporativas se produjo en un momento crucial en el procedimiento penal que sigue la Audiencia Nacional por los encargos al entramado del comisario jubilado. Apenas dos meses antes, los investigadores habían hallado entre la documentación incautada a Villarejo, unos audios con el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en relación a los trabajos que gestionó el Grupo Cenyt entre 2004 y 2017. Esta aparición llevó al magistrado a abrir una nueva pieza, la decimoséptima, para indagar bajo secreto de sumario los pagos de la eléctrica al policía por posible delito de cohecho.
Dos meses después, en diciembre, se publicó en prensa un informe que apuntaba a un circuito de facturas falsas para pagar a Villarejo y en el que habría participado a modo de intermediaria Casesa, la empresa de seguridad de Iberdrola. Acto seguido, la eléctrica contactó con el propio Del Olmo a quien le preguntó por la información que desveló el diario El Confidencial. En un tono cordial y adelantando de antemano que "no se tenía ninguna duda sobre la rectitud de su comportamiento", la eléctrica le pidió colaboración en dos sentidos: por un lado aportando todo el material que pudiera tener sobre este asunto y, por otro, cooperación con el departamento de Administración y Control, de acuerdo con la misiva que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso La Información.
"Por parte de Iberdrola no se tiene ninguna duda sobre la rectitud de su comportamiento, pero ante el cariz que está adoptando una interesada y torticera interpretación del mentado documento, creemos que todas las personas que de uno u otro modo han estado relacionadas con el proceso de validación de dichas facturas están en una situación de riesgo si no son capaces de defenderse de manera conjunta", expuso entonces la eléctrica. Sin embargo, el tono cordial de esta primera toma de contacto saltó por los aires en las siguientes semanas cuando la eléctrica -y su entonces superior Pablo Insunza- emprendieron las primeras acciones penales contra él por injurias y calumnias graves.
Lo ocurrido ese mes de diciembre tuvo su impacto en el procedimiento penal que trata de indagar los encargos concretos de Iberdrola con Villarejo puesto que uno de los asuntos que investiga el magistrado es si Del Olmo pudo recibir algún tipo de coacción por parte de directivos de la compañía que le recriminaron en diciembre de ese año el contenido inexacto de su informe. El exdirectivo denunció que altos cargos le habrían azuzado para que firmara un documento que vendría a reconocer la inexactitud de su informe. Este escrito, que obra en el sumario de la causa y se produjo antes de que Iberdrola enviara la misiva en tono conciliador, está fechado a 2 de diciembre de 2019 y efectivamente está rubricado por las tres personas que lo redactaron excepto por Del Olmo, cuya casilla quedó sin firmar.
"Demasiadas incongruencias"
Estas tres personas son, además de Pablo Insunza, el también directivo de Iberdrola Juan Carlos Rebollo y el exconsejero director general José Luis San Pedro. Los tres han sido citados a declarar en calidad de investigados por el magistrado Manuel García Castellón para que expliquen en sede judicial si hubo coacciones a Del Olmo así como la veracidad del informe del que es autor. Con todo, la carta que este exalto cargo se negó a firmar dejaba claro que se había producido una intensa búsqueda y que no se había encontrado ningún documento sobre el escrito publicado en prensa. Así, realizaron registros en los correos electrónicos de la Dirección de Sistemas, analizaron una caja fuerte con papeles de la Dirección de Control de ese 2004 y requisaron también los archivos depositados en la Torre Iberdrola donde tenía el despacho San Pedro.
Iberdrola dejó patente en este documento que en la reunión a cuatro se habló de que las facturas no presentaban ninguna característica que indicara "su falsedad" y que el sistema de pago fue el habitual. "¿Para qué entonces un informe de "anomalías" de varios meses después si finalmente nunca llegó a su destinatario?", recogía la carta en referencia a que nunca llegó a manos de San Pedro. Igualmente plasmaron por escrito que los trabajos encargados a Casesa eran una práctica normal como la propia proveedora explicó en su escrito remitido a la Audiencia Nacional. "Como resumen de la situación, la existencia de este informe presenta demasiadas incongruencias: no se reconoce ni la emisión ni la recepción por parte de su destinatario, no se ha localizado en los archivos oficiales de lberdrola, su fecha de emisión es muy posterior a la recepción y pago de las facturas afectas y su contenido no evidencia ninguna irregularidad con Casesa", sentenció la carta.
Precisamente, en su testifical en sede judicial Del Olmo dijo que San Pedro le advirtió que esos pagos se tenían que producir tal cual se le había ordenado validando por tanto lo expuesto en su escrito. De acuerdo con el mismo, el entonces jefe de seguridad Antonio Asenjo le llevó a su despacho para comunicarle que se iban a realizar unos trabajos de vigilancia especiales a través de Casesa en calidad de proveedor de seguridad de Iberdrola, que Sánchez Galán estaba al tanto de la encomienda, que eran confidenciales y que se iba a utilizar a Casesa para efectuar los pagos a un tercero puesto que Iberdrola no podía llevarlos a cabo directamente. La eléctrica ha respondido querellándose contra Olmo y asegurando que no tienen en su poder ese documento, tal y como plasmaron en el escrito de comienzos de diciembre que Del Olmo se negó a firmar.
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