Iberdrola mantiene su ofensiva en el 'caso Villarejo' y vuelve a impugnar una decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El equipo jurídico de la compañía eléctrica ha presentado un nuevo recurso, esta vez contra el archivo de la querella que la empresa presentó contra José Antonio del Olmo, el que fuera responsable de visar las facturas de la empresa y quien presentó un informe en el que se alertaba de que la cúpula directiva conocía las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El juez instructor acordó el pasado 26 de julio dar carpetazo a la querella por falsedad documental que Iberdrola interpuso contra el exjefe de Control Corporativo al entender que el delito ha prescrito. Ello implicó el sobreseimiento de la misma y dejar sin efecto la acusación particular, en el marco de la pieza separada número 17 de la macrocausa 'Tándem', que la empresa dirigía contra el que fuera su 'ex controller'. Una decisión con la que no está de acuerdo la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, que considera que el exdirectivo debe continuar imputado, y que su acusación debe ser ampliada por los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica. Y en ello se basa el nuevo recurso presentado, según han informado fuentes jurídicas a La Información.
En concreto, la empresa del Ibex 35 acusa al exdirectivo de haber manipulado información y haber creado 'ad hoc' un documento en el que se afirmaba que el actual presidente del primer grupo energético a nivel nacional y su equipo directivo eran conocedores de que se estaba llevando a cabo una triangulación de facturas para esconder los servicios prestados por el agente encubierto. Este documento fue 15 años después (en 2019) puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional y los fiscales Anticorrupción, dando apoyo a la imputación de Sánchez Galán y otros ex altos cargos de la compañía, ya sin efecto. El magistrado instructor exoneró el pasado mes de junio al máximo responsable de Iberdrola al ver que las conductas presuntamente delictivas que se le atribuían están también prescritas, si bien no se trata de una decisión firme, que se encuentra en manos de la Sala de lo Penal después de que el Ministerio Público presentara un recurso.
Cabe recordar que la querella fue presentada en los juzgados de Bilbao, si bien la juez en la que recayó dicha acción judicial consideró que la competencia era de la Audiencia Nacional al constatar su estrecha relación con la contratación del comisario jubilado que ya se estaba investigando. Así las cosas, el juez García Castellón aceptó el asunto en julio de 2020, pero sin practicar apenas diligencias para esclarecer la veracidad del informe firmado por Del Olmo, a quien, según se desprende de varias resoluciones, siempre ha considerado un 'testigo clave' más que un imputado. Ello abrió una intensa discusión entre la compañía y el magistrado para que le reconociera como acusación particular en la causa, lo que finalmente sucedió tras varias órdenes de la Sala de lo Penal, que meses después vuelve a tener el mismo asunto encima de la mesa.
Sin protección pero con "inmunidad"
Pese a que tanto Sánchez Galán y su equipo directivo afirmaron ante el juez que Del Olmo tenía responsabilidad directa en el abono de las facturas que las empresas de Villarejo giraron -bajo lupa por ser la prueba del posible delito de cohecho-, ya que cuentan con su firma; el magistrado considera que el ex 'controller' debe gozar de inmunidad frente a la responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral. Así lo expuso el juez García Castellón en su auto del pasado 26 de julio, en el que rechazó aplicar las medidas de protección contempladas en la directiva europea sobre la protección de denunciantes, conocida como 'directiva whistleblower' -en tramitación parlamentaria-, tal y como solicitó su defensa, pero le exculpó.
Tras revisar la situación de Del Olmo, el magistrado explicó que no se dan las "condiciones" para aplicar una protección, después de que el exdirectivo denunciara que la compañía eléctrica le tiene sometido a un "acoso" por abrir contra él varias vías judiciales en distintos juzgados. No obstante, señaló que, aunque los hechos querellados están prescritos, tampoco hay motivo que justifique mantenerle investigado. Según señaló el juez, la normativa europea, que tiene que terminar de ser transpuesta al ordenamiento jurídico español, prevé la "inmunidad" de un denunciante si éste tiene documentos que demuestren las irregularidades.
Añadió que los documentos que Del Olmo depositó ante notario en 2004 -coincidiendo con la primera contratación de Villarejo- no "integrarían el concepto de secreto de empresa" y que esta actuación "quedaba muy lejos de causar un mal comercial o atentar contra la libre competencia de Iberdrola o cualquiera de sus compañía", en contra de lo argumentado por la empresa. En cualquier caso, indicó que lo que hizo el exjefe de Control Corporativo "fue una estrategia de 'autoprotección'".
Lo cierto es que el estatus procesal que guarda Del Olmo no ha quedado demasiado claro para alguna de las partes personadas en este procedimiento. Es el caso del exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo -uno de los principales investigados por su papel de interlocutor entre la compañía y el agente encubierto-, que ha preguntado al juez instructor si el archivo con respecto al exjefe de Control Corporativo es solo por el delito de falsedad documental, achacado por la elaboración del informe que puso contra las cuerdas al presidente de la multinacional vasca, o también alcanza el delito de cohecho, por el que fue llamado a declarar a finales de 2020 como exresponsable de validar las facturas de la eléctrica.
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