Iberdrola Renovables Energía niega que el pago al comisario jubilado José Manuel Villarejo tuviera alguna relación con el presunto espionaje a la empresa suiza Eólica Dobrogea, con la que la compañía eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. El representante legal de la empresa filial, imputada como persona jurídica en la pieza separada número 17 de la macrocausa 'Tándem', ha asegurado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el abono de 29.500 euros que se hizo en 2012 al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, correspondía a los gastos que el mismo generó en relación a una oferta de servicios que no se llegaron a prestar.
De este modo, la empresa de energías renovables ha tratado de refutar la investigación que se sigue contra ella desde el pasado 9 de julio, cuando el titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó su imputación por hacer frente al importe que figuraba en una factura con fecha de 14 de febrero de 2012 bajo el concepto de "servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía". Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el secretario del Consejo de Administración de Iberdrola Renovables Energía, Javier García de Fuentes, que ha acudido a la Audiencia Nacional como representante legal de la compañía, ha subrayado que en ningún caso se trataba del encargo de ningún servicio de espionaje, sino que tenía que ver con cuestiones de protección y seguridad internacional.
Según consta en el sumario de la causa, la compañía energética encargó al comisario jubilado, mientras estaba en servicio activo en la Policía Nacional, la realización de varios trabajos de investigación entre 2004 y 2017, entre los que se encuentra el bautizado como 'Wind'. Éste se habría desarrollado en dos partes: una primera en 2011, para presuntamente espiar a Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes la compañía española se habían aliado para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos; y una segunda en 2016, para la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española.
Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional, aceptando el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, solo imputó a Iberdrola Renovables Energía debido a que la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas son perseguibles desde el año 2011, cuando entró en vigor la introducción del artículo 31 bis del Código Penal. Por este motivo, se descartó la posibilidad de investigar a Iberdrola, que hizo frente a la contratación y pago de los trabajos del entramado de Villarejo desde 2004.
Al inicio de la declaración, que ha durado alrededor de una hora y media, García de Fuentes, que sólo ha contestado a las preguntas del juez García Castellón, de la Fiscalía Anticorrupción y de los abogados de su empresa, ha señalado que tan sólo declararía en relación a la factura emitida en 2012, ya que en el auto de imputación no se hace ninguna referencia a ningún pago realizado por la segunda parte del 'proyecto Wind'. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que la supuesta contratación del comisario y el eventual pago de sus servicios realizados a partir de mediados 2016 no encajaría en un delito de cohecho -el principal por el que se abrió la macrocausa-, ya que Villarejo firmó su jubilación en la Policía en junio de dicho año.
Responsabiliza a Asenjo
Con las aclaraciones hechas, el representante de Iberdrola Renovables, que ha ocupado distintos cargos en el departamento encargado de los servicios jurídicos de la empresa, ha seguido la estela marcada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que declaró como imputado este martes, y ha ratificado la autonomía que tiene cada empresa para contratar servicios. En este sentido, ha señalado que la oferta de las empresas de Villarejo llegó desde el departamento de Seguridad de Iberdrola que en ese momento dirigía Antonio Asenjo, uno de los principales imputados en este procedimiento por haber actuado como intermediario entre la compañía eléctrica y el Grupo Cenyt.
Ante las dudas manifestadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la independencia y autonomía con la que trabaja cada una de las empresas que forma parte del Grupo Iberdrola, el secretario del Consejo de Administración de Renovables Energía no ha podido aclarar el motivo por el que se valoró la posibilidad de trabajar con un proveedor seleccionado por Iberdrola, como era el Grupo Cenyt, sin pasar previamente los filtros de selección de su compañía, según han señalado las fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas. Es más, dichas fuentes han añadido que el Ministerio Público ha sido más incisivo para esclarecer por qué se habría abierto la posibilidad de que una sociedad española como la del agente encubierto realizara los supuestos servicios de seguridad internacional en Rumanía, si de acuerdo cuando el protocolo habitual de la compañía sería contratar con empresas locales del país donde se trabaja. En este sentido, García de Fuentes ha señalado que no conocía la razón y que entiende que sería una excepción, pero que en cualquier caso no sería incompatible.
Nuevos reproches al ex 'controller'
Por otro lado, ya en el turno de la defensa, el representante de Iberdrola Renovables Energía también ha querido dejar su reproche a la conducta del que fuera jefe de Control Corporativo de Iberdrola, José Antonio del Olmo, investigado en la causa que ostenta también la condición de "testigo clave", contra quien la compañía eléctrica tiene abierta una batalla legal en varios tribunales por la elaboración en 2004 de un informe, que según la multinacional vasca no consta registrado internamente, en el que afirmó que la cúpula directiva liderada por Sánchez Galán era consciente de las irregularidades que se habrían cometido con el pago de los servicios de Villarejo. En este sentido, García de Fuentes ha afeado que el ex 'controller' depositara en 2004 ante notario dicho documento y siguiera visando facturas hasta años después, como las de 2012 que se atribuyen a Renovables Energía.
Con todo ello, Iberdrola Renovables Energía, que ha cerrado la ronda de declaraciones prevista para esta semana para aclarar la presunta implicación que tuvo la cúpula directiva en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha informado al juez Manuel García Castellón que aportará en las próximas horas tres informes sobre el sistema de cumplimiento de la normativa en 2011, uno de ellos elaborado por la consultora PwC, cuya entrega se estaba aplazando hasta la resolución de una cuestión de prescripción de los hechos investigados alegada por la compañía.
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