El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido finalmente investigar a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero. En el auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.
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El juez, que ha citado a un representante legal de la entidad el 26 de abril para tomarle declaración, basa su investigación en sendos informes de la UCO y el Sepblac, que describen "una renuente falta de control y de reacción apropiada" por parte del órgano antiblanqueo de CaixaBank en las sucursales cercanas al polígono y también de la zona del Rastro madrileño.
Hay "indicios claros", dice, de que la entidad permitió el lavado a través de "masivas operaciones" que introducían en el circuito bancario "millones de euros en efectivo" que luego se transferían a China y Hong Kong. Esto se hacía con operativas que "ayudaban" a que las transacciones "pasaran desapercibidas" al Banco de España y al Sepblac.
Este órgano de inteligencia financiera cifró en 99,1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank solo comunicó indicios de blanqueo en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones. De este dinero, 41,6 millones fueron transferencias ordenadas por personas vinculadas a la trama Emperador liderada por Gao Ping y que investiga también la Audiencia Nacional.
Según el juez, la investigación parte por un lado de la causa contra la filial en España del banco chino ICBC por blanqueo que lleva la Audiencia Nacional y, por otro, de los casos contra tramas chinas como Emperador o Snake.
En estas últimas investigaciones, los tribunales requirieron información a CaixaBank y otras entidades en las que los miembros de las redes tenían cuentas. Las sucursales implicadas de Caixabank, que "se prestaron a ser canales de blanqueo de dicha organización y otras que se están identificando", hicieron "caso omiso" a estas peticiones.
Sólo respondieron 18
"Frente a esta pasividad de CaixaBank, 18 entidades financieras ante el mismo comportamiento emitieron las comunicaciones debidas y cancelaron las cuentas", destaca el auto.
Tras estas peticiones de la Audiencia Nacional, CaixaBank no realizo "exámenes especiales" ni comunicó nada al Sepblac "respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfiriendo 31,7 millones de euros", añade el juez.
Los directores de las sucursales, por su parte, permitieron estas operativas sospechosas y que "otras personas distintas al titular de la cuenta firmaran las operaciones de ingreso y transferencias", que se usaran permisos de residencia y DNI caducados y se presentaran poderes incompletos.
El incumplimiento de CaixaBank, dice Moreno, fue "contumaz y no episódico", ya que recibió una primera advertencia del Banco de España en 2013 y en 2015 hizo una auditoría interna con recomendaciones "insuficientes" respecto a tres de estas sucursales, un informe que se envió a la "alta dirección del banco" y que apreció indicios de blanqueo en 82 sociedades y 8 personas.
Los órganos antiblanqueo de CaixaBank no estaban dotados, dice el juez, "de personal ni entrenados para ser eficaces", unos fallos "graves" conocidos por "todo el personal directivo" de la entidad, sobre todo por el entonces responsable de cumplimiento normativo.
Fuentes de CaixaBank consultadas por Efe han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo. La entidad sostiene que "cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de blanqueo de capitales".
El informe de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había reclamado hace unos meses en un extenso informe sobre el caso enviado al instructor de la causa en la Audiencia Nacional la imputación de CaixaBank por el blanqueo de la mafia china.
Los investigadores del instituto armado mantenían que la entidad catalana permitió el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España y que lo hizo para priorizar su posicionamiento en el mercado asiático saltándose su obligación legal de denunciar al Servicio Ejecutivo antiblanqueo (Sepblac) las operaciones sospechosas, tal y como adelantó La Información.
El juez basa su investigación en sendos informes de la UCO y el Sepblac. Señala que la entidad permitió el lavado y se aprovechó "de masivas operaciones de favorecimiento y auxilio para la bancarización de millones de euros en efectivo y su transferencia ulterior a China y Hong Kong" con operativas que "ayudaban" a que las operaciones "pasaran desapercibidas" al Banco de España y al Sepblac.
El instituto armado proponía además al instructor que se achaquese ese mismo delito a los directores de cinco sucursales a través de las cuáles se enviaron los fondos. Los investigadores sostenían que el banco español priorizó su estrategia de posicionamiento en el mercado chino sobre su obligación legal de denunciar al Sepblac las operaciones sospechosas ordenadas por esas mafias.
El informe, que contaba con casi 1.000 páginas, fue enviado al magistrado, y en él los agentes apreciaban "una conducta dolosa tanto de las personas con mayor responsabilidad de la entidad bancaria, como en los que situándose en un escalón inferior, han incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control en materia de prevención del blanqueo, actuando conscientemente al margen de tales cautelas e inobservando los deberes de cuidado que le son exigibles normativamente", es decir los de denunciar cualquier operación sospechosa que impone la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Los investigadores de la UCO señalaban directamente a Caixabank como persona jurídica "al considerar que dichos actos se materializaron con voluntad plena de obtener un beneficio, no solo económico, sino estratégico, intangible y también reputacional". Gracias a esas transferencias, que no denunció a la autoridad antiblanqueo, la entidad catalana se habría embolsado más de seis millones de euros y habría buscado optimizar su posición en el mercado bancario del país asiático, donde controla, a través de su holding Criteria, un 9,85% del Bank of East Asia, con sede en Hong Kong.
Según el citado informe, Caixabank habría puesto a disposición de al menos dos organizaciones criminales chinas -Emperador y Snake- sus más de 4.000 sucursales dispersas por todo el país y su banca online para que transfirieran al país asiático fondos procedentes de su actividad ilícita. Y lo habría hecho a través de los contratos de corresponsalía que firmó con el International and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande del mundo, cuya sucursal europea (matriz de la española) está imputada por ese mismo delito desde septiembre. Moreno considera que la oficina en Madrid de esa entidad asiática funcionó durante años como un canal de blanqueo de esas organizaciones mafiosas a las que no hacía preguntas sobre la procedencia del dinero.
Según la investigación, que ha dirigido Moreno y la Fiscalía Anticorrupción, esas mafias lavaban sus fondos recurriendo a la sucursal española de ICBC, considerada un 'chiringuito' cuyo único negocio eran las transferencias masivas a China eludiendo todos los controles sobre los fondos. En 2012, tras la desarticulación del grupo Emperador, liderado por Gao Ping, esas bandas dejaron de usar el banco chino para realizar sus envíos desde Caixabank, gracias a los tres contratos de corresponsalía firmados entre ambas entidades. Pero el cambio de operativa y el recurso al banco catalán tampoco produjo una sola notificación al Sepblac.
Fuentes de CaixaBank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.
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