El 'plan Iceta' diseñado por Pedro Sánchez ha naufragado. Los independentistas catalanes han vuelto a echar por tierra la estrategia planteada por Moncloa para desde el inicio de la nueva legislatura comenzar a tender puentes con las dos formaciones que vetaron los Presupuestos de 2019 y provocaron el adelanto electoral. Pero ERC y JxCAT han dicho "no es no" a que el catalán sea senador por designación autonómica y pueda presidir la Cámara Alta. La decisión tiene consecuencias: adiós a cualquier intento de acercar posturas y adiós también a una negociación que el sanchismo quiere poner en marcha cuanto antes para hacer una reforma de la financiación autonómica.
En el gabinete de Sánchez habían diseñado a conciencia el 'plan Iceta' para que un catalán presidiera por primera vez el Senado. Convencieron al exministro José Montilla para que renunciara a su acta y estudiaron los precedentes. Descubrieron que no existen precedentes de veto en ningún Parlamento autonómico a un senador propuesto por un grupo. Solo recuerdan el examen de valencianidad que tuvo que pasar Leire Pajín en 2009. Y lanzaron el nombre de Miquel Iceta. Pero los independentistas lo vetan ahora recurriendo al artículo 155 y a una falta de respeto -dicen- hacia el Parlament. El 'no es no' se consumará este viernes en un pleno extraordinario.
Con el veto a Iceta se pone fin, efectivamente, al intento de colocar a un peón clave para abordar un problema económico que Sánchez tiene en mente solucionar desde que ganó la moción de censura, pero que, como asumió en las primeras semanas, no pudo acometer: la reforma de la financiación autonómica que lleva caducada desde 2014. Y el líder del PSC encarnaba esos valores que quiere impregnar el socialismo en el nuevo modelo. Iceta era "la transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos" y de activar un proceso para que comunidades claramente infrafinanciadas, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana, recuperen los recursos que les pertenecen.
Sánchez, por tanto, encara la reforma de la financiación autonómica con un Gobierno catalán claramente en contra. Es un inicio de legislatura nada amable, especialmente tras la crisis del "relator", y que hace inútiles los intentos de distensión protagonizados desde Moncloa y que se concretaron en un aumento de las inversiones hacia la autonomía hasta los 2.250 millones contemplados en los PGE fracasados. Antes vinieron otros gestos que también sucumbieron, como el Consejo de Ministros de Barcelona de diciembre o la cumbre de Pedralbes cuyas intenciones han quedado en papel mojado.
¿Qué modelo de financiación autonómica busca Sánchez?
Tras el desplante a Iceta y con unos partidos independentistas que no olvidan el 155 y los recursos al Tribunal Constitucional, Sánchez dejó claro en su programa electoral qué modelo de financiación autonómica propondrá: el proyecto pasa por "un Pacto de Estado" para "adecuar la distribución de los recursos públicos entre los tres niveles de la Administración, para garantizar eficazmente el cumplimiento de las correspondientes competencias, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la adecuada atención de las necesidades de los ciudadanos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural". Es un compromiso prioritario para ellos.
Para ponerla en marcha proponen una reforma de la Carta Magna. Así lo reflejaban en su texto programático los socialistas: "La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto", argumentan. Para ello proponen tres medidas: "Incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos; establecer en la Carta Magna, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial; y garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Los socialistas todavía recuerdan que el Govern de Torra ha boicoteado este Consejo de Política Fiscal y Financiera durante los meses de tensión con el Ejecutivo nacional. Se ausentaron en las últimas reuniones que presidía Cristóbal Montoro e hicieron los propio en la primera que dirigió María Jesús Montero. Más tarde se incorporaron, pero la tensión tras la polémica del "relator" volvió a provocar una ruptura entre ambos gobiernos.
Sánchez, en definitiva, podría sacar adelante la reforma de la financiación autonómica sin contar con los independentistas catalanes, pero quiere que los catalanes no sigan con sus vetos. No les necesita y los números con otras formaciones le dan. En esta línea la ministra Montero apeló ayer en Valencia a la "generosidad y altura de miras" de las comunidades autónomas para aprobar un nuevo modelo y añadió que sería "incomprensible" que Cataluña no participara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Ninguna comunidad tiene derecho a vetar una política que beneficia a todas", defendió la titular de Hacienda, remarcando que Cataluña "no solo tiene que estar, sino sabiendo que hay que ceder muchas veces para llegar a puntos de encuentro".
Hasta ahora el Gobierno de Sánchez siempre ha contado con el Govern de Torra para avanzar en un acuerdo. En la reunión entre el hoy presidente en funciones y Torra del pasado verano ambos dirigentes hablaron de un modelo vigente claramente "discriminatorio" hacia Cataluña. La Generalitat siempre defiende que son "el segundo territorio con capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos". Queda por ver cómo evolucionan las relaciones y si Sánchez termina de romper relaciones con unos soberanistas de los que no se fía.
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