Las víctimas de iDental buscan vías con las que resarcir los daños físicos y morales sufridos por esta estafa piramidal que investiga la Audiencia Nacional. Por ese motivo han abierto una vía de reclamación ante el Ministerio de Sanidad al margen de la causa penal que sigue su curso. Los afectados denuncian que el presunto fraude de esta cadena ha generado una "gran alarma" social y es deber del Estado actuar ante la gravedad de los hechos.
La plataforma de afectados por las cadenas dentales Afecade, pionera en la defensa de las victimas, ha registrado un escrito ante el Ministerio del ramo en el que reclama que se indemnice a los 275 demandantes que representa y lo hace en base principalmente a dos motivos: debido a la inacción de la Administración a pesar de las numerosas quejas presentadas y ante la falta de vigilancia por las acciones de esta cadena que habría estafado a miles y miles de personas en toda España. "Es la cadena dental que más denuncias ha acumulado. Además, los diferentes colegios de odontólogos han informado de las prácticas irregulares de estas clínicas, sin que por parte de la Administración se actuara en consecuencia", exponen en su documento.
El escrito razona que la competencia de este asunto es de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y que, aunque el dentista no está dentro del sistema nacional de salud pública, la Administración responde por la integridad física y psíquica de los ciudadanos. Las reclamaciones que efectúa la plataforma basan sus indemnizaciones no solo en las irregularidades de los tratamientos sino también en el efecto nocivo que produjo en ellos los cierres de las clínicas por sorpresa o la inclusión en los ficheros de morosos de las financieras con las que habían suscrito los contratos de pagos.
La plataforma no olvida plasmar en el documento registrado este jueves ante el Ministerio del ramo que una de las peculiaridades de este asunto es que entre las víctimas se encuentra un gran número de personas de recursos económicos muy bajos. Además, relata las prácticas que pusieron en marcha los principales acusados con estas cadenas que se promocionaban como 'dentistas con corazón'. De hecho, Afecade precisa que las irregularidades se produjeron desde el primer minuto en tanto quien determinaba el presupuesto era un comercial y no un odontólogo. De hecho, muchas son las víctimas que se quejan de que las financieras les siguen asediando a día de hoy para cobrar los tratamientos congelados por la Audiencia Nacional.
El magistrado José de la Mata, que lleva el grueso de esta macrocausa, se dirigió expresamente a los bancos con los que iDental habría suscrito los pagos para pedirles que no solo dejaran de reclamar las cuantías pendientes de cobro a las víctimas de la cadena sino que también las extrajeran de su fichero de morosos teniendo en cuenta que muchas de ellas carecen de los ingresos suficientes para costearse el tratamiento inacabado. Algunas de estas entidades financieras les propusieron seguirlos con otras cadenas y el mismo precio si bien a la hora de suscribir los contratos se les aumentaba la cuota a pagar pactada en un primer momento.
La técnica del 'fast & perfect'
Al margen de la vía económica, los afectados ponen el acento en el daño moral que todo este asunto les ha provocado consecuencia de las negligencias practicadas por los sanitarios los cuáles, en muchos casos, carecían de la experiencia necesaria. Además, las piezas dentales que empleaban eran "completamente defectuosas" llegando a romperse incluso hasta 15 veces después de ponérselas, lo que conllevaba que se las pegaran con 'Loctite'. Entre las técnicas que ahora denuncian destacan la bautizada como 'fast & perfect'. Consistía en practicar la cirugía al paciente a primera hora y, tras dejarle reposar unas horas, tomar las medidas de las encías con la zona ensangrentada e inflamada y colocarle los implantes unas horas después.
"Muchas personas están pasando por este infierno aunque algunas no se encuentran con fuerzas para denunciar o reclamar ya que la situación física-bucal y psicológica, se lo impide", reza el documento que recuerda que muchos de los pacientes afectados tuvieron que someterse a pruebas de VIH y hepatitis ante el temor de que hubieran sido contagiados con estas enfermedades. A todo esto hay que sumar que los responsables se deshicieron de los expedientes sanitarios de los afectados, lo que provocó que las víctimas no pudieran acceder a sus historiales y tampoco conocieran en qué estado se encontraban sus bocas.
Todos estos aspectos se investigan en la actualidad en la causa penal que asumió la Audiencia Nacional en julio de pasado año ante el volumen de la estafa y el gran número de afectados querellados. El procedimiento cuenta con un millar de piezas separadas si bien ya hay una de ella conclusa y es la relativa al presunto fraude de 23 millones de euros que cometieron los gestores del negocio. Tras terminar la investigación, el instructor propuso juzgar a un total de siete personas por más de una veintena de delitos contra la Seguridad Social. Entre ellos se encuentran los primeros dueños del grupo (Javier García Pellicer y Vicente Castañer) y los posteriores propietarios (Luis Sans y los hermanos José María Garrido y Juan Garrido).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios