La Conferencia Episcopal está dispuesta a llegar hasta el final para defender sus intereses en la batalla fiscal que ha 'resucitado' el Gobierno en funciones. La vicepresidenta Carmen Calvo instó este lunes a revisar la fiscalidad de la Iglesia y que los lugares que no son de culto comiencen a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pero los obispos consideran que para ello hay que cambiar la Ley de Régimen Fiscal Especial, lo que conllevaría que sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro también tuvieran que abonar sus correspondientes tasas de las que ahora están exentas.
La polémica está servida y ha vuelto a estallar con motivo de la exhumación paralizada de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El "han resucitado a Franco" pronunciado por el Nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, en su despedida, encendió a Calvo, que este lunes ha afirmado que "la Iglesia tiene que pagar impuestos como lo hace en Francia o Italia porque es justicia social". En Añastro 1 -sede de la Conferencia Episcopal-, sin embargo, se remiten a la legislación y se preparan para responder al Ejecutivo socialista.
El Vicepresidente para los Asuntos Económicos de la Conferencia, Fernando Giménez Barriocanal, explica a La Información que la Ley 49/2002, donde se regula el régimen fiscal especial de la Iglesia, es clara. Se refiere al artículo 15, donde se puede leer: "Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades". ¿Y quiénes son la "entidades sin fines lucrativos"? Además de la Iglesia católica se encuentran los sindicatos, las fundaciones, las ONGs, las federaciones deportivas... y el resto de confesiones religiosas, así como la Cruz Roja.
En este caso, por tanto, la Conferencia Episcopal defiende que "si los comedores de Cáritas tienen que pagar el IBI también lo tendrán que hacer [previa modificación de la ley] otras entidades no lucrativas". Giménez Barriocanal añade que lo que no va a permitir la Iglesia es que se haga una excepción con ellos y que sean los únicos a los que se les obligue a pagar el impuesto.
El 'choque de trenes' entre Iglesia y Gobierno en funciones no es nuevo, pero sí ha estallado en un momento en el que las relaciones parecían estabilizadas y encauzadas. Desde el pasado mes de octubre en el que la vicepresidenta Calvo viajó hasta El Vaticano para verse con Pietro Parolin, el secretario de Estado, las vías de comunicación han estado funcionando de una manera fluida. En esa cita, hace ya nueve meses se acordó avanzar en varios aspectos y uno de ellos era el pago del IBI de los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal entienden que, una vez publicado el listado que está elaborando el Ministerio de Justicia para remitirlo al Congreso de los Diputados, la reclamación del IBI por parte de los diferentes ayuntamientos no podría producirse. Así, el consistorio de Córdoba, por ejemplo, no podría comenzar a cobrar la tasa por la Mezquita. Giménez Barriocanal explica que les ampara esa ley 49/2002 y que para comenzar a cobrar el IBI habría que cambiar esa legislación.
La Conferencia Episcopal recuerda también el motivo por el que se aprobó la Ley 49/2002 y los beneficios que aporta la Iglesia a la sociedad: "Cuando aceptas una excepción en un impuesto es por el efecto multiplicador que tiene para la economía". En este sentido, Giménez Barriocanal recuerda que la Iglesia española gestiona más de 3.100 bienes que generan para la sociedad en general un alto beneficio. Un informe de KPMG lo cifra en 32.000 millones al año.
Unas relaciones complicadas
Desde la Conferencia Episcopal admiten que las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez han venido siendo fluidas desde que ganó la moción de censura hace ya un año. Ponen un claro ejemplo de cómo han sabido sentarse y llegar a un acuerdo. Sucedió con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En junio de 2017 una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a que la Iglesia tuviera que pagar esta tasa, poniendo en peligro así la exención recogida en el Concordato.
Así, Iglesia y Gobierno se sentaron a negociar y acordaron realizar una consulta vinculante a Hacienda para definir cómo hacerlo. Al final, tras discretos contactos, el departamento de María Jesús Montero estableció que la Iglesia podría prescindir de una parte de esa exención en el ICIO y pagar el impuesto en los casos en los que el organismo lleve a cabo una actividad económica.
La tregua continuó durante la última campaña electoral. Tal y como se contó en estas páginas, el PSOE de Pedro Sánchez renunció por primera vez en los últimos años acabar con la relación de 'statu quo' con la Iglesia católica. Así, los socialistas eliminaron de su programa electoral la modificación de los acuerdos que tienen firmados España y la Santa Sede y que datan del año 1979. Se trata de un tratado internacional que solo puede denunciar el Gobierno de turno y que el sanchismo, en principio, no tiene intención de abordar a lo largo de esta legislatura.
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