Pablo Iglesias ha ganado un nuevo pulso en el Consejo de Ministros. El vicepresidente segundo ha anunciado este jueves que el Gobierno aprobará en cuestión de quince días un decreto para acabar con cualquier tipo de lanzamiento por impago cuando los afectados no tengan alternativa habitacional. No se volverán, de esta forma, a repetir escenas como el lanzamiento de María Teresa, de 82 años, y su familia en Fuenlabrada hace unos días. El Ejecutivo ampliará de esta forma el veto a las familias que se consideraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. Es la segunda victoria del líder de Unidas Podemos esta semana tras conseguir ser incluido en la Comisión que decidirá sobre el reparto de los fondos europeos.
"Seguimos trabajando para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia. Les puedo anunciar hoy, aquí, que en los próximos días el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables", ha afirmado el vicepresidente segundo en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El decreto, eso sí, diferenciará entre desahucios y desalojos; estos últimos no estarán incluidos. La prohibición se extenderá hasta la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo de 2021.
El vicepresidente segundo ha concretado en sede parlamentaria que su departamento trabaja con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que tiene las competencias en Vivienda, para impulsar esta normativa que estará lista en los próximos días, a más tardar en dos semanas, según informa la Agencia EFE. Pedro Sánchez ha dado el visto bueno final tras anunciar el pasado domingo que se iba a acabar definitivamente con estas situaciones.
Fuego cruzado en el Gobierno
Unidas Podemos había presentado una enmienda a los presupuestos para acabar con los desahucios hasta 2022 (ahora esta fecha queda rebajada) junto a ERC y EH Bildu que generó malestar en el lado socialista del Gobierno, que no la apoyó. Varios ministros del PSOE, como Nadia Calviño o María Jesús Montero, hablaron de no conocer la iniciativa de sus socios de Gobierno. E incluso de "teatro" por parte de Podemos.
Pero fuentes implicadas de las conversaciones manejan otra versión: Pablo Echenique, portavoz parlamentario de UP, sí informó a Adriana Lastra de esa enmienda antidesahucios con ERC y Bildu. Lo hizo a través de un mensaje de whatsapp. La portavoz socialista elevó esta información por las vías internas y llegó tanto a la ministra Montero como a Moncloa. Lastra también confirmó a Echenique en ese intercambio que el PSOE no podía sumarse a esa enmienda pero que estaba dispuesto a negociarla. Fuentes de UP se limitan a asegurar que sus socios socialistas no les han pedido la retirada de la polémica iniciativa con la izquierda de la cámara.
La tensión en la coalición fue a más con un intercambio público entre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Algunos miembros del Gobierno olvidan que debemos gobernar para todos", declaró la jueza en una visita a las Unidades de Vigilancia Epidemiológica (EVE) de las Fuerzas Armadas. La respuesta de Belarra llegó en forma de tuit: "Efectivamente, tenemos que gobernar para todos, no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión. Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque cuando te desahucian no te preguntan a quién has votado".
Horas después llegaba la contestación de Robles, pidiendo "humildad" a Pablo Iglesias y al área morada del Gobierno y recordando que el presidente es Sánchez. Minutos después llegaba la respuesta de Belarra: "Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox quizá estés haciendo daño a tu gobierno. Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática". Una bomba de relojería en la coalición.
Sin embargo, Iglesias acercó posturas este lunes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en los famosos 'maitines'. Ahí Sánchez se comprometió a buscar la fórmula para extender hasta que durase el estado de alarma la medida ahora vigente hasta el 31 de enero, que impide echar a la calle a personas que estén en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis de la Covid.
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