Pablo Iglesias no tiene "ningún problema" en empezar a hablar de posibles nacionalizaciones para las plantas que Nissan y Alcoa quieren cerrar en Cataluña y Galicia respectivamente. Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo del Gobierno durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, después de que los grupos de BNG y ERC le reclamaran que tomara medidas de ese tipo para evitar que se pierdan miles de puestos de trabajo. "Son perfectamente posibles. Las nacionalizaciones no son ni de izquierdas ni de derechas", ha añadido Iglesias, que ha instado a que se asuma el "fracaso de las deslocalizaciones" de la industria.
"No caigamos en la trampa de la derecha. Quien nacionalizó Bankia fue un gobierno del Partido Popular", ha recordado Iglesias, que ha puntualizado que lo que no le interesaría es "nacionalizar para socializar pérdidas para después privatizar los beneficios", en referencia a la futura privatización del banco que ahora lidera José Ignacio Goirigolzarri. Aun así, ha destacado que la Constitución permite tomar medidas de ese tipo para que el Estado se haga cargo de las plantas que pretenden cerrar ambas multinacionales. "El interés general tiene que contar siempre con los instrumentos jurídicos para defender el interés de todos los ciudadanos españoles", ha incidido el vicepresidente.
"Todos tenemos absolutamente claro que hay que reconstruir la industria del conjunto del Estado. No podemos tener la debilidad industrial que tenemos que ha puesto de manifiesto esta pandemia", ha insistido Iglesias, que ha señalado la posición débil que tiene España frente a otros países a la hora de abastecerse. Naciones exportadoras a las que ha tachado de "mercados especulativos" por los altos precios que se pagaban por los equipos de protección frente al coronavirus. "Si las pandemias son una realidad con la que vivir, una democracia avanzada tiene que contar con los mecanismos propios para no ser presa de comportamientos propios de buitres que vimos en las semanas más graves, donde vimos acciones de piratería", ha resaltado de nuevo sobre el alto coste de las administraciones para acceder a mascarillas o respiradores en esos mercados.
Las reflexiones del 'número 3' del Gobierno han llegado tras las intervenciones de los diputados Nestor Rego (BNG) y Gabriel Rufián (ERC). El primero ha llamado abiertamente a nacionalizar la planta de Alcoa en Lugo si se confirma la intención de la compañía de aluminio de cerrarla, lo que conllevaría la pérdida de 500 empleos directos. Minutos después, el portavoz de Esquerra ha pedido que el Ejecutivo vaya más allá para mitigar el 'golpe' de Nissan sobre Cataluña con el cierre de tres plantas y la pérdida de 3.000 puestos directos y otros 20.000 indirectos. "Estamos hablando de una empresa que en la última década ha recibido 170 millones de euros públicos. Hay un concepto que sobrevuela y que habría que recuperar que es nacionalizar", ha pedido Rufián, que ha pedido a Iglesias que responda sobre qué piensan hacer desde Moncloa para ayudar a todos los afectados por la decisión de la multinacional japonesa.
El vicepresidente ha repetido varias veces que es necesario "constatar el fracaso del modelo de deslocalizaciones". "Ha cambiado para siempre eso de pensar que deslocalizar y privatizar es algo bueno. Tenemos que reconstruir la industria", ha reclamado Iglesias. "A lo mejor ocurre que, dentro de no mucho tiempo, los que eran ardientes enemigos de las nacionalizaciones van a venir al Gobierno a pedirle que por favor nacionalice. Y entonces el Gobierno tendrá que mirar por el interés general", ha apuntado, para posteriormente lanzar un 'dardo' al diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, del que ha dicho puede estar de acuerdo con él en ese argumento previo.
El Gobierno ve "posible" una alternativa
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha advertido a Nissan de que el coste de cerrar las plantas de Barcelona será "mucho más alto" que mantener la producción. Un intento de disuadir a la firma nipona de tomar esa drástica decisión que no ha convencido a sus responsables, que han confirmado la intención de llevar a cabo la clausura alegando pérdidas de 5.600 millones y una caída del 20% de la producción en las fábricas de de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu. Este golpe para casi 23.000 trabajadores catalanes no se extenderá por el momento a los empleados de las otras centrales que tiene en Ávila y Cantabria, que mantienen su producción a pesar de los ajustes que está llevando a cabo la empresa.
El Ministerio de Industria ya ha anunciado que ve posible la continuidad de la planta de Barcelona si se aplica el plan de viabilidad que presentó el departamento que dirige Reyes Maroto hace unos meses en colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio Zona Franca. La más dura con Nissan ha sido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha mostrado su malestar por esta decisión y ha asegurado que trabajarán para encauzar este proceso y buscar una solución "alternativa".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios