El privilegio de estar en el Gobierno va a dar a Pablo Iglesias una oportunidad para 'esconder' las polémicas que vayan surgiendo en Podemos. La última tiene que ver con los cambios que presenta para el futuro del partido, entre los que está acabar con la limitación salarial de los tres salarios mínimos o permitirle estar más de 12 años ocupando la secretaría general. Por eso, y ante la inminente celebración del congreso en el que renovará su liderazgo y tendrá más control que nunca sobre la formación, el vicepresidente segundo va a tirar de anuncios y medidas para contrarrestar las críticas que le puede suponer ese máximo poder que ostentará en los morados.
La primera gran medida será la Ley de Protección del Menor y la Adolescencia, cuyo plan es que esté sobre la mesa del Consejo de Ministros las semanas del 9 o 16 de marzo. Este será el primer gran proyecto de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es la continuación de la legislación que ya comenzó a diseñar la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. El impacto mediático de esta norma es muy potente por la implicación en la misma del músico británico James Rhodes, que fue víctima de abusos sexuales durante su niñez. Lo que explica que Iglesias incluso dijera en público que quería que se conociera como "Ley Rhodes".
Junto a esto, habrá otra batería de medidas que empezarán a plantearse y a formar parte de la agenda de la vicepresidencia. Aunque en este caso, su presentación y tramitación no será tan inminente. Entre los próximos anuncios están la reforma del sistema de dependencia, que es una prioridad para el equipo de Derechos Sociales, y la ley de protección de los animales. También habrá proyectos que se centren en la asistencia a los ancianos y en la diversidad familiar. A esto se sumarán importantes intervenciones de Iglesias en foros en los que no ha debutado hasta ahora, como es el caso de la Unión Europea. Aunque está por ver con qué fórmula representa al Ejecutivo en las instituciones comunitarias.
Esta puesta en marcha de la ley para proteger a menores y adolescentes de abusos de cualquier tipo, especialmente los sexuales, llegará poco antes del tercer gran congreso de Podemos. Este se celebrará el sábado 21 de marzo, y será la confirmación de Iglesias como el líder 'todopoderoso' que por primera vez no tendrá ninguna oposición interna a la que controlar o contentar. De esta manera, parte de la agenda mediática la marcarán estas medidas, echando tierra por encima a cualquier cuestión que genere controversia en lo que respecta al partido. Aunque fuentes de los morados explican que el calendario no está sujeto a ninguna estrategia.
Los asuntos más incómodos para el funcionamiento interno de la formación de gobierno han surgido del documento presentado por Iglesias para renovar su mandato. En la candidatura de "Un Podemos Contigo", la propuesta del actual secretario general implicaría finiquitar el límite de los tres SMI que ha regido desde hace cinco años, cuando se estructuraron como partido. Las dudas han surgido porque esto supone incumplir con la máxima de que la vida de los gobernantes debe asimilarse a la de los gobernados, como han venido defendiendo desde la cúpula. El otro asunto que ha sorprendido es el de no poner coto a los mandatos del líder, ya que su idea es seguir más de 12 años en el cargo más alto. Lo que contradice a la esencia de no parecerse a las otras fuerzas políticas.
En el asunto de los salarios, el documento ético presentado por Iglesias establece que "el SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial de nuestra organización. A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas". Es decir, la cantidad que donen al partido dependerá de cada alto cargo o representante institucional y de las responsabilidades que mantengan. Lo que podría dejar una puerta abierta a que no entre tanto dinero al partido de sus dirigentes en las instituciones como hasta ahora.
Fuentes de los morados explican que el plan es que se establezcan una serie de porcentajes por los que se dirá a cada cargo cuánto le corresponde donar. Hay dos posibilidades en este punto. La primera es que Iglesias y los ministros, secretarios de Estado o diputados estén obligados a donar un menor porcentaje. Algo que se compensaría con que cuantitativamente su donación sería mucho mayor por tener un salario más alto. Pero esto podría suponer que un concejal se viera forzado a ceder una parte mucho más alta de su paga cobrando menos. La otra opción es que los porcentajes sean más flexibles y se sea más exigente con los puestos con más responsabilidad. Por el momento, la propuesta que más gusta es la primera, según las fuentes consultadas.
Esto solo afecta a los cargos electos y a los gobernantes, y no recaería dicha obligación de donar parte del sueldo al partido sobre los trabajadores o técnicos. Lo que tampoco está claro es que esto vaya a ser algo que afecte a toda la parte morada del Gobierno. Por un lado, porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pertenece a Izquierda Unida. En el otro está el caso del ministro de Universidades, Manuel Castells, que es un independiente que no está sujeto a estas obligaciones, según las fuentes consultadas. La duda es si desde Podemos le pedirán que asuma los postulados por haber llegado al ministerio gracias a ellos.
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