Ignacio González cree "absurdo" denunciar a Aguirre en base a la sentencia de mínimos del 20-J

  • Madrid.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha considerado "absurdo" que CCOO y UGT denuncien a la Comunidad de Madrid por prevaricación basándose en una sentencia del Supremo sobre los servicios mínimos establecidos para la huelga del 20-J en 2002.

UGT y CCOO denuncian a la Comunidad por prevaricación y mala fe en los servicios mínimos
UGT y CCOO denuncian a la Comunidad por prevaricación y mala fe en los servicios mínimos

Madrid.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha considerado "absurdo" que CCOO y UGT denuncien a la Comunidad de Madrid por prevaricación basándose en una sentencia del Supremo sobre los servicios mínimos establecidos para la huelga del 20-J en 2002.

En una nota remitida a Efe, el 'número dos' del Ejecutivo regional asegura que lo que resolvió el Supremo ese año fue que los servicios mínimos aprobados por Decreto no estaban debidamente motivados, "no que fueran o no excesivos".

Considera por ello que CCOO y UGT "no pueden engañar a los ciudadanos con argumentos y una dialéctica que no se ajustan a la realidad", y les anima a que mañana cumplan los servicios mínimos.

A su juicio, las declaraciones de los responsables sindicales advirtiendo de que no cumplirán los servicios mínimos en la Comunidad de Madrid se enmarcan en la actitud "de irresponsabilidad y de provocación que vienen demostrando" y en la "utilización de arengas sin consistencia que lo que pretenden es llamar a la algarada".

El también consejero de Cultura y Deporte señala en el escrito que "por mucho que los sindicatos se empeñen en ocultar la verdad para convertir Madrid en su plataforma política y mediática" son diez las Comunidades que no han llegado a acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos.

Éstas son: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Madrid.

Ha dicho, además, que el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre ha vuelto a dar "ejemplo de responsabilidad" y ajuste a la legalidad en el establecimiento de unos mínimos por debajo de los establecidos en la huelga de 2002.

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