Todo acto sexual que se realice sin consentimiento no necesitará de los agravantes de intimidación o violencia. Esa es la principal novedad que aporta la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada este martes en Consejo de Ministros, que es más conocida como la reforma del 'solo sí es sí' que prometieron tanto PSOE como Unidas Podemos en las últimas campañas electorales. Una nueva norma que inicia su tramitación y con la que se da cumplimiento al acuerdo de gobierno que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y que llega en medio de los choques dentro del Consejo de Ministros entre las carteras de los socialistas y los morados. Con esta legislación como uno de los puntos de conflicto más acusados.
Esta nueva ley, que es un anteproyecto que requerirá de mayoría absoluta en el Parlamento, es una respuesta a sentencias como la de 'La manada', la violación múltiple a un mujer por cinco hombres durante los Sanfermines de 2016. Entonces, la Audiencia de Navarra condenó a los acusados por abuso sexual, al entender que no hubo intimidación durante las múltiples agresiones que sufrió la víctima, que era una joven madrileña que estaba en Pamplona por la celebración de estas fiestas. Esto despertó una oleada de manifestaciones y críticas desde el movimiento feminista, al que se sumaron tanto PSOE como Podemos, con Sánchez e Iglesias llevando la voz cantante en ese rechazo a la sentencia. Desde entonces, ambas formaciones se comprometieron a acabar con esta diferenciación en actos no consentidos.
El principal cambio que implica el 'solo sí es sí' a la legislación penal de la actualidad es adaptarse al Convenio de Estambul, el acuerdo europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este texto fuerza a que la regulación de los delitos de carácter sexual se realice en base al consentimiento de la víctima, evitando que el análisis de la posible agresión se base en otras cuestiones. En concreto, el texto establece que no habrá aceptación de la relación por parte de la víctima cuando "no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".
Otras modificaciones que conllevará la futura ley es la de considerar delitos sexuales materias que hasta el momento tenían una tipificación distinta más general. Entre ellas están los matrimonios forzosos, la mutilación genital de las mujeres, como ocurre con la ablación de clítoris, o la transmisión forzosa de enfermedades de transmisión sexual, como ha detallado la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según ha explicado, estas medidas suponen un avance que hace que "los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un cajón oscuro", además de que situará a España "como un referente de protección y garantía de los derechos de las mujeres".
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha defendido que se trata de una "ley integral", aunque ha admitido que no podrá concretarse como tal hasta que se produzca la reforma integral del Código Penal. El objetivo de la legislación es "erradicar las violencias sexuales", para lo que se llevará a cabo un plan de "educación sexual en todos los niveles educativos y en el ámbito comunicativo", en referencia a los medios de comunicación. Otra ambición de Igualdad es que conlleve la "prevención, sensibilización y acompañamiento a la víctima", para lo que habrá centros que atiendan a las afectadas las 24 horas.
Lista para el 8-M
La reforma ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros justo antes del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, tal y como habían pactado Sánchez e Iglesias cuando sellaron el compromiso de gobernar en coalición. Pero cumplir con este calendario ha motivado la primera gran 'guerra' interna dentro del Ejecutivo. Sobre todo por las objeciones que mostraron la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ambos departamentos intentaron retrasar la aprobación del anteproyecto para pulirlo más. E incluso existió la idea de paralizarlo hasta que se llevara a cabo la reforma integral del Código Penal.
La parte morada del Gobierno denunció entonces las maniobras de los departamentos que lideran estos dos socialistas. Y tras unas horas tensas, la polvareda se disipó con un comunicado de Moncloa en el que se daba categoría de prioridad absoluta a esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Aunque los encontronazos no han terminado, con la publicación en varios medios de que la vicepresidencia primera y Justicia han intervenido para "salvar" el texto final. Ante esto, Igualdad ha admitido que Justicia ha intervenido con cambios y aportaciones que forman parte del texto final.
Tras todos estos episodios, en Podemos consideran que hay "problemas con algunas personas, no entre PSOE y nosotros" dentro del Ejecutivo. De hecho, los morados consideran que hay varios ministros que no asumen su presencia en el Gobierno, como es el caso de los mencionados Calvo y Campo. Lo que también amplían al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios