Más de tres meses después de que el Gobierno impusiera a las empresas por la vía urgente el registro obligatorio de los planes de igualdad, no hay ni rastro del mismo. En marzo, el Ejecutivo socialista se dio seis meses para finiquitar el desarrollo reglamentario pero, transcurrida ya más de la mitad del plazo, ni siquiera ha comenzado a elaborarlo. Además, los departamentos responsables de su diseño efectivo se pasan la 'pelota' unos a otros y, a día de hoy, no hay siquiera una fecha prevista para su puesta en marcha. En definitiva, el caos es total mientras el tiempo va pasando y las empresas se arriesgan a importantes sanciones por incumplimiento de la nueva normativa.
En una jornada tan representativa como el 8 de marzo, Día de la Mujer, entró en vigor el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. El texto contenía medidas importantes, como rebajar de 250 a 50 el límite de trabajadores de las empresas obligadas a elaborar, aplicar y registrar un plan de igualdad, si bien establecía un periodo transitorio de adaptación: de un año para las empresas de más de 150 personas y hasta 250; de dos años para las que tengan más de 100 y hasta 150; y de tres años para las de entre 50 y 100 empleados.
El plazo corre sobre todo para las compañías más grandes, que se arriesgan a multas de hasta 187.515 euros si incumplen en materia de igualdad, lo que se considera una infracción "muy grave" en la nueva normativa. El problema actual es que el decreto, convalidado en abril en el Congreso, dejó en el aire todo el desarrollo reglamentario de cuestiones de diagnóstico, contenidos, materias, auditorías salariales, seguimiento y evaluación, y registro –constitución, características y condiciones de inscripción y acceso– de los planes de igualdad. A estas alturas, en definitiva, reina el desconocimiento absoluto en las empresas sobre todos estos asuntos.
"Queda mucho por hacer", comenta a La Información la socia del área laboral de Deloitte Legal, Covadonga Roldán. "Está pendiente no solo el desarrollo del registro, sino además el propio contenido del plan... y está todo parado", afirma, no sin destacar que, con todo, las empresas ya han empezado a 'ponerse las pilas'. "El decreto ha tenido muy buena acogida, las compañías cada vez están más concienciadas y preocupadas por cumplir con los nuevos umbrales", comenta, y asegura que la nueva ley "sienta las bases para el desarrollo futuro de los planes de igualdad, y registrarlos es fundamental porque aporta visibilidad y transparencia".
Fuentes empresariales, por su parte, insisten en esa inacción por parte del Gobierno que entró en funciones semanas después de aprobarse el decreto de igualdad. Las empresas no han recibido ninguna indicación por parte del Ejecutivo y la preocupación empieza a ser evidente mientras los plazos se agotan. De hecho, está previsto que la CEOE aborde esta problemática en la Comisión de Igualdad que está convocada para el próximo 12 de julio.
A falta del registro específico y de una guía para su aplicación concreta, varias empresas se han lanzado ya a dejar constancia de sus planes de igualdad en el Regcon, el registro de convenios y acuerdos colectivos de ámbito estatal. En las estadísticas aparecen hasta 79 compañías que han realizado este trámite entre septiembre de 2018 y este mes de junio. "El problema es que el hecho de tener un plan no quiere decir que el mismo esté consensuado con la representación legal de los trabajadores", indica la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco. "Desconocemos el número total de planes de igualdad que pueden tener las compañías y cuántos de los que están registrados en el Regcon son producto del consenso", zanja.
De cualquier manera, estos planes de igualdad tendrán que pasar a formar parte del registro específico cuando esté operativo. Y no parece que vaya a ser pronto. "Fue uno de los temas más escabrosos en la mesa de igualdad y finalmente el decretazo del Gobierno marcó la necesidad de registro del plan para las empresas que lo tuvieran, dejando su articulación a todo un desarrollo reglamentario de cómo hacerse, quién lo haría, método de seguimiento, evaluación y quién está obligado o no", explica Blasco. "A día de hoy no tenemos conocimiento ninguno de que se haya desarrollado dicho reglamento, estamos a la espera de que se conforme el nuevo Gobierno y podamos seguir trabajando", comenta.
Desde UGT su secretaria general Cristina Antoñanzas confirma que en el sindicato también están pendientes de que les llame el Ejecutivo para empezar a trabajar a nivel técnico, también con la patronal, en el diseño, elaboración y puesta en marcha del registro. "Es todo muy caótico, esperamos que el desarrollo del reglamento se produzca cuanto antes", critica la dirigente sindical. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez se precipitó al aprobar esta medida por decreto: "Lo sacaron pronto porque lo tenían que sacar, pero se olvidaron de todos los pasos anteriores, como la adaptación del Regcon y otras muchas cuestiones que están en el aire, como la obligatoriedad de negociar los planes en las empresas en las que no hay representantes de los trabajadores".
La misma visión tienen los empresarios. Consideran que el registro fue una iniciativa que el Ejecutivo socialista tuvo que aprobar de forma precipitada por la presión de sus socios preferentes de Unidas Podemos. Ahora, creen estas fuentes, una vez superado el doble periodo electoral de abril y mayo, en el equipo de Sánchez han dejado este asunto guardado en un cajón.
Los ministerios no se aclaran
Empresarios y sindicatos, todos a la espera de que el Gobierno deje de remolonear con una medida que aprobó hace tres meses y empiece, al menos, a elaborar el desarrollo reglamentario. Esto puede llevar entre dos o tres meses, entre los trámites de consulta, audiencia e información pública, aunque el proceso puede agilizarse. Todo depende de la voluntad política, y en este caso más bien puede postergarse en el tiempo. Con el Gobierno en funciones y los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez aún en el aire, el plazo podría alargarse más de los seis meses inicialmente estimados y no hay que olvidar que las empresas más grandes, de acuerdo con la nueva norma, tienen hasta el 7 de marzo de 2020 para negociar, elaborar y registrar sus planes de igualdad, si quieren evitar sanciones.
En estos momentos, los departamentos gubernamentales responsables de su elaboración se pasan la 'pelota' unos a otros. Hay que recordar que se trata de una medida transversal entre los ministerios de Igualdad (adscrito a Presidencia) y Trabajo, pero ni en uno ni en otro concretan qué está pasando con el registro obligatorio de los planes de igualdad. El equipo de Carmen Calvo remite al Instituto de la Mujer. Allí se limitan a indicar que el registro está "pendiente de desarrollo", no concretan si su elaboración depende de Igualdad o de Trabajo... pero derivan la consulta a este último ministerio. Fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio transmiten lo que comunica la Secretaría de Estado de Empleo, y es que "del registro se encarga Igualdad y, al parecer, no hay fecha aún". Es toda la información que aporta el Gobierno en funciones sobre el bloqueo de una de sus medidas estrella.
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