El Ministerio de Hacienda ha decidido congelar el impuesto a los billetes de avión que pretendía aprobar como parte del paquete de fiscalidad verde en el que está trabajando el Gobierno de coalición. Según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, la tasa ecológica que iba a suponer un incremento del coste en los movimientos de personas entre aeropuertos se va a quedar estancado en el trámite de consulta pública, al menos de momento. La decisión llega en un momento crítico para el sector turístico, en general, y para las aerolíneas, en particular, por el desplome del número de traslados que ha provocado la crisis del Covid.
El impuesto a los billetes de avión fue lanzado por el Gobierno de coalición apenas dos semanas antes de que estallara la pandemia. Wuhan estaba confinado y los casos en Italia comenzaban a incrementarse. El Ejecutivo puso sobre la mesa en ese momento dos nuevas figuras fiscales destinadas a incrementar la recaudación para poder acometer las políticas de gasto social acordadas por PSOE y Unidas Podemos y enmarcadas en el plan verde pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre. Se trataba de un impuesto al uso del transporte aéreo y otro al de plásticos que pretendían penalizar comportamientos perjudiciales con el medio ambiente. El segundo sí sigue su trámite y ya es anteproyecto de ley.
La complicada situación económica y laboral del principal sector perjudicado por la pandemia ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión, según las fuentes consultadas. El impuesto a los billetes de avión no pasará a consulta pública y no llegará al trámite de audiencia e información pública, donde el proyecto ya está redactado y el ministerio busca recabar las aportaciones de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por la norma. No obstante, fuentes de Hacienda añaden que esta situación no significa que la figura fiscal no pueda recuperarse en el futuro.
Esta 'ecotasa' fue una propuesta de la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que recibió el visto bueno de Hacienda. El Gobierno se fijó en un impuesto que aprobó Emmanuel Macron en Francia hace un año y que afecta a todos los vuelos que salgan de aeropuertos franceses al exterior del país. Una tasa similar fue lanzada en Alemania con el nombre de "impuesto climático" como una propuesta de la canciller, Angela Merkel, de reducir los gases de efecto invernadero. Otros países donde el gravamen verde está vigente son Italia, Reino Unido, Noruega o Suecia, entre otros.
El Gobierno no llegó a calcular en cuánto se incrementaría la recaudación con un nuevo impuesto a los billetes de avión. Para tener un cálculo aproximado hay que remitirse a un informe de la Fundación Alternativas de octubre de 2019 en el que se ponía números a la tasa. Según este estudio, los viajes de corta distancia tendrían un coste adicional de 4,47 euros; los de media distancia de 23,32 euros y el gravamen podría ascender hasta los 41,99 euros en el caso de los viajes de larga distancia. El laboratorio de ideas del PSOE calculaba que la recaudación que generaría esta tasa rondaría los 1.300 millones de euros al año.
La tasa verde a los billetes de avión fue rechazada desde el principio por las aerolíneas. La patronal ALA (Asociación de Líneas Aéreas) considera que es necesario impulsar otras medidas antes que imponer un impuesto de este tipo. Apuestan, esencialmente, por una renovación de flotas para convertir a los aparatos en más eficientes y con un menor impuesto medioambiental. En estos momento la Ley de Cambio Climático, en tramitación parlamentaria, obliga a las compañías aéreas al uso de biocarburantes pero aún queda concretar qué porcentaje deberán usar y los plazos.
Las aerolíneas han sufrido un desplome sin precedentes con motivo de la pandemia. Durante el confinamiento los vuelos se redujeron a un 5% ya que apenas operaron los del transporte en general y los de material sanitario en particular. En julio la oferta ha caído al 40% respecto al mismo mes del año pasado y en agosto los datos caminan en la misma línea, nunca por encima del 50% de los registros del año pasado. AENA, por su parte, únicamente ha bonificado la tasa de aterrizaje a partir de un determinado umbral de vuelos, no a todos. El sector del turismo calcula, según las previsiones de Hosteltur, que se van a perder casi 100.000 millones de euros en esta temporada.
Hay que recordar que las nuevas figuras fiscales no pueden ir incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Necesitan una ley propia, por lo que el Gobierno debe llevarlas a las Cortes de forma autónoma. Es lo mismo que hizo con las tasas Google y Tobin, ya en marcha. Otras tasas específicas en vigor, como la del diésel, puede ser modificada en el proyecto de ley de cuentas públicas del Gobierno.
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