Recuperar el impuesto al diésel forma parte de las reformas e inversiones que el Gobierno de coalición ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Pedro Sánchez ha dado a conocer este martes y que está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros. El documento contempla, en concreto, "revisar las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante", una medida que fue excluida en los últimos Presupuestos Generales del Estado (donde ha hablaba de un recargo de 3,8 céntimos por litro) en la negociación con PNV y Ciudadanos y que desapareció del proyecto de ley.
El Ejecutivo retoma, de esta forma, una medida fiscal que la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera había planteado desde el primer momento. La propia titular de Transición Ecológica había llegado a asegurar que "el diésel tiene los días contados", una afirmación que provocó un importante revuelo en el sector. El Gobierno tuvo que rectificar para, más tarde, prestar especial atención a un sector del automóvil que se encuentra en plena transformación. En el mismo plan que se enviará a la Comisión Europea, el Gobierno contempla una inversión de 13.200 millones para la "estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, que impulsará "todo lo que tiene que ver con la transición al vehículo eléctrico". Este mismo martes se ha aprobado, de hecho un nuevo Plan Moves con ayudas de hasta 7.000 euros.
El Gobierno también contempla en el Plan de Recuperación un impuesto para gravar los envases de plástico no reutilizables, una tasa ya contemplada en el pasado, y otro sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración. España plantea, asimismo, modificar el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y afrontar, en un futuro, reformas en materia de movilidad sostenible.
Estas son las únicas concreciones que ofrece el Gobierno en el documento presentado hoy y que se aprobará en Consejo de Ministros el próximo martes. En el resto el Ejecutivo no ofrece concreción y se limita a los trabajos del Comité de Expertos constituido esta misma semana. "La reforma del sistema tributario tiene como primer objetivo contribuir a la recuperación económica de España, fomentando el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad. Junto con ello, se persigue hacer más equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español, al mismo tiempo que se profundiza en el diseño de una fiscalidad verde, se incorpora la perspectiva de género y se potencian políticas públicas de interés general, como la protección de la salud o la educación", expone.
"La persecución de los principios anteriores se realizará prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico. Ello pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del bienestar", añade el Ejecutivo.
"Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse", añade. Un aviso a navegantes. "Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes".
"También se realizarán ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, se eliminarán algunas disfunciones y se adaptarán los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Como resultado, se prevé incrementar la suficiencia recaudatoria de nuestro sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público", concluye el documento del Gobierno.
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