Desde hace más de una década, el Gobierno madrileño bonifica el total del Impuesto de Patrimonio a su población y con la llegada de Ayuso esta postura no ha hecho más que reforzarse, con la intención de blindar fiscalmente la comunidad. En el caso de que los distintos ejecutivos autonómicos del Partido Popular siguiesen la estela de Madrid, casi la mitad de la población española se vería favorecida por esta medida, aunque su alcance real es mucho más bajo.
De acuerdo con datos de la Agencia Tributaria, en el conjunto de España, algo más de 189.000 españoles abonan la arcas públicas gracias a este impuesto, sobre un total de 47 millones de habitantes. Las comunidades que a lo largo de estos días han anunciado la eliminación, la mejora de esta tasa o el estudio de su supresión -Andalucía, Galicia y Murcia- cuentan con 12,6 millones de habitantes, pero con menos de 30.000 declarantes de Patrimonio.
La comunidad autónoma donde más personas notarían la eliminación de Patrimonio sería Cataluña, donde más de 77.000 personas lo abonan. Madrid, con su exención total, exime a un número de declarantes mucho menor, que apenas supera los 19.000.
Cataluña también es la comunidad autónoma que más recauda -600 millones-. La Generalitat se queda con aproximadamente la mitad de lo que ingresa el conjunto de las administraciones públicas por este tributo, que obtienen 1.200 millones. De hecho, la pérdida de ingresos es también un arma de doble filo para las comunidades del PP y de ahí que Murcia haya optado por un "quiero", pero por ahora no puedo.
Una cascada de anuncios e intenciones
El pulso del PP contra el Ministerio de Hacienda se ha caldeado en los últimos días. Este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciaba que seguirá los pasos de Madrid y suprimirá el Impuesto de Patrimonio en su comunidad, aplicando el total de la bonificación. El paso de Galicia vino después, aunque con menor intensidad y en Murcia, por el momento, se ha quedado solo en una carta de intenciones.
De esta forma, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado este viernes la bonificación del 50 %, que contrasta con la total que aplicará Andalucía. Así, el líder gallego ha avanzado que el impuesto sobre el patrimonio tendrá una mejora de la que se beneficiarán las personas con bienes o derechos que estén valorados en más de 2 millones de euros.
Por su parte, Castilla y León, también gobernada por los populares, no contempla cambios en el gravamen, al menos en lo que respecta al corto plazo, manteniendo así la obligación fiscal que afecta a las rentas superiores a 700.000 euros. Según aseguró el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), "quedará tiempo" para abordar supresiones fiscales como la anunciada por el presidente andaluz, aunque admitió que se llevará a cabo "cuando se pueda".
Murcia tendrá que esperar
El caso de Murcia se analiza de otra manera, ya que el Gobierno regional sí es partidario de eliminar este gravamen (ya lo bonificó en su totalidad el año pasado) pero lo tiene que condicionar para ajustar sus cuentas. El presidente Fernando López Miras ha mostrado su intención de eliminar el Impuesto al Patrimonio pero ha asegurado que llevará a cabo esta posibilidad "cuando las cuentas cuadren".
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