El Gobierno mantiene sus planes de aprobar nuevos impuestos a lo largo de este año a pesar de la incidencia en la economía que ya está teniendo el coronavirus. Pese a la petición de los empresarios, el Ministerio de Hacienda tiene una estrategia clara y su intención es ponerla en práctica en los próximos meses, según explican fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero. Los empresarios están intentando paralizar o al menos posponer la entrada en vigor de estas nuevas figuras fiscales, que son cuatro y que, si reciben el visto bueno en las Cortes Generales, empezarán a recaudar antes de que finalice el mes de diciembre
Cuatro son los nuevos impuestos que Hacienda tiene en cartera. Dos ya han pasado el trámite del consejo de ministros y han llegado al Congreso: las tasas Google y Tobin. Y otros dos se encuentran en plena consulta pública: billetes de avión y plásticos. Este póquer de figuras fiscales de nueva creación entrarán en vigor sí o sí porque, según justifican desde el Gobierno, son impuestos que se impulsan en consonancia con otros países europeos que ya los han aprobado.
Los empresarios, por su parte, están intentando hacer recapacitar al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Hacienda. Su argumento: si la crisis del coronavirus se prolonga en el tiempo van a necesitar la colaboración de las administraciones públicas y posponer estas figuras fiscales puede ser una opción. Desde CEOE ya han hecho llegar al Ejecutivo la demanda de aminorar la carga impositiva que se avecina. También lo han hecho las patronales madrileña y catalana.
Lo que no descarta el Ministerio de Hacienda es tener que renunciar en los próximos meses a aprobar los Presupuestos Generales de 2020 y, por tanto, quedarse sin otras subidas impositivas que van a ir contempladas en el proyecto de ley. Se trata de la subida del Impuesto de Sociedades, del IRPF a las rentas más alta, del diésel, las medidas que afectarán a sicavs y socimis... Reformas fiscales, todas ellas, que tendrían que esperar hasta 2021. En los próximos días la ministra Montero va a empezar a negociar, de forma discreta y sin publicidad, con el resto de formaciones políticas la aprobación de las cuentas públicas de este año, pero en el Gobierno admiten que el problema se centra en las elecciones de Cataluña. Ven complicado que ERC colabore en la aprobación de los PGE antes de la celebración de esos comicios. Y aún no hay fecha para estas autonómicas.
En esos Presupuestos de 2020, por cierto, hay incluida una rebaja del impuesto sobre Sociedades para pymes. Así, según indican fuentes gubernamentales, si los independentistas catalanes siguen anclados en su negativa a apoyar el proyecto de ley esa medida no entrará en vigor hasta la aprobación de las cuentas de 2021. Lo que tiene claro el Gobierno es que no va a llevar los PGE al Congreso sin antes tener amarrados los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
Esta situación de incertidumbre está encendiendo las alarmas en el seno del Ejecutivo ya que empiezan a ver como 2020 puede ser un "año perdido" en cuanto a recaudación. Las cuatro nuevas figuras fiscales tardarán en llegar e incluso Hacienda ha decidido retrasar el cobro de la tasa Google hasta finales de año a la espera de un acuerdo en el marco de la OCDE o de la Unión Europea. Ya anticipan que va a ser un año "complicado" en cuanto a los ingresos. Y aún está por ver el efecto del coronavirus en la economía.
A esto hay que añadir que Hacienda ha rebajado la previsión de recaudación de la tasa Google al dejarla en 968 millones de euros al año. Hace unos meses el mismo ministerio de Montero preveía recibir 1.200 millones. Es decir, a unos impuestos que están tardando en llegar se suma una revisión en la previsión de los ingresos que complican el sudoku final. Y todo ello con una previsión de gasto por los acuerdos contemplados en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
El impuesto al diésel tampoco está del todo definido. Pablo Iglesias y el resto de dirigentes de Unidas Podemos en el Gobierno están intentando que en los próximos Presupuestos no se incluya la polémica subida del impuesto y se aplace unos meses. El área morada del Ejecutivo de coalición considera que se trata de una reforma fiscal que van a pagar todos los españoles, incluidos los ciudadanos pertenecientes a clases medias y bajas, por el mero hecho de disponer de un vehículo que se mueve con este combustible y que habría que dar prioridad a otro tipo de tasas contra los que más tienen. El debate sigue abierto.
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