El PSOE se inclina por rechazar el impuesto a las grandes fortunas que plantea Unidas Podemos para gravar los patrimonios a partir de un millón de euros. Los dos partidos agrupados en el Gobierno de coalición discrepan, de esta forma, sobre una tasa que lanzó el partido dirigida por Pablo Iglesias para hacer frente a la reconstrucción económica y social de España tras la crisis de la Covid. Fuentes del área económica del Gobierno indican que las posturas en este momento están alejadas y que la figura fiscal, tal y como la planteaba el partido morado, no recibe el beneplácito de los socialistas.
Las negociaciones continúan, admiten tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, de cara a presentar un texto en común. Este miércoles, a las 21 horas, los grupos parlamentarios deben presentar sus respectivos borradores y todo indica, según estas fuentes, que el impuesto a los ricos se caerá del documento que eleven ambos partidos en el grupo de Reactivación Económica. Las conversaciones las lideran los portavoces Adriana Lastra y Pablo Echenique aunque ayer, tal y como avanzado El Diario, Sánchez e Iglesias se vieron en Moncloa para afinar la letra pequeña del acuerdo. Un dato importante es que las dos principales responsables económicas del Gobierno, Nadia Calviño y María Jesús Montero, nunca han visto con buenos ojos esta figura fiscal.
El impuesto a grandes fortunas que planteaba Unidas Podemos y que no gusta en el PSOE hubiera permitido aumentar la recaudación en torno a un 1% del PIB (unos 11.000 millones de euros). Según su planteamiento hubiera sustituido, además, al actual Impuesto de Patrimonio y hubiera afectado a los patrimonios superiores a un millón de euros. Era progresivo: "De forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos" del país.
Según la propuesta de Unidas Podemos, el impuesto a los ricos gravaba con un 2% para patrimonios netos a partir de 1 millón de euros, con un 2,5% a partir de 10 millones, con un 3% a partir de los 50 millones y con un 3,5% a partir de los 100 millones. La vivienda habitual hasta 400.000 euros quedaría exenta. Este impuesto no podría bonificarse por las comunidades autónomas.
Desde UP justificaban esta nueva tasa en que en la última década se ha aumentado la desigualdad de la renta en España y se ha producido una "fuerte concentración de la riqueza". "El 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza", aseguraban.
En el acuerdo de coalición no hay contemplada esta nueva figura fiscal, recuerdan fuentes del área económica del Gobierno. "Crear un nuevo impuesto no es tan fácil", apuntan desde un equipo liderado por el PSOE que desde el principio enfrió la posibilidad de esta reforma. Un problema que destacan: suprimir el Impuesto de Patrimonio obligaría al Ministerio de Hacienda a compensar a las comunidades autónomas que perciben una parte de su recaudación.
Una posibilidad que sí está explorando el Gobierno, y que está contemplada en el pacto de Gobierno, es subir en los próximos Presupuestos el IRPF a los tramos más altos. Según el acuerdo de coalición PSOE - UP se incrementarían dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se elevaría en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Las fuentes consultadas no descartan revisar estas cifras.
En cuanto al resto de impuestos en marcha el Gobierno está estudiando cuáles podrían ir a los próximos Presupuestos y proyectos de ley. Existen dos sobre los que hay un debate especialmente intenso: la subida del diésel y el tributo a los billetes de avión. Sobre el primero una parte del Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, viene manifestando su oposición a que sean las clases medias y bajas, que también conducen coches de gasóleo, quienes carguen con esta reforma. Y respecto al segundo, la crisis de las aerolíneas y la situación del turismo han hecho al Ejecutivo replantearse un tributo que se encontraba en consulta pública antes de decretarse el estado de alarma. El resto de impuestos que iban en los Presupuestos fracasados de 2019 siguen su curso, explican desde el Ejecutivo, y está previsto que se repitan en las cuentas públicas de 2021.
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