Según informan fuentes cercanas al empresario, la magistrada instructora mantiene la citación prevista para este miércoles pero se hará en calidad de testigo y no investigado, como estaba llamado a declarar en un principio por la vinculación de su sociedad con la trama. Los datos obrantes en la denuncia reflejan que Sirga emitió una factura a Corporación Llorente el 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros.
La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de la denuncia interpuesta por Torme, en la que detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga hasta que se desvinculó en 2011 al ver que la empresa "estaba en manos" de Martínez Pujalte, por lo que vendió sus participaciones en noviembre de dicho año por 5.250 euros.
Con respecto a Corporación Llorente y los 15.000 euros que Sirga percibió en 2008, Torme aseguró que a ella no se le informó de que se trataba de un contrato mensual y que este detalle lo conoció después. En este sentido constató que el exparlamentario obtuvo esta retribución porque él fue quien realizó la prestación profesional.
Asimismo, la que fue socia de Sirga indicó que Martínez Pujalte tampoco le dijo que anteriormente ese trabajo de asesoramiento lo desempeñó otro exdiputado del PP y exministro de Defensa Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa y ha reconocido él mismo públicamente.
APARTADOS DE LA CAUSA
Llorente no es el primer investigado apartado de la causa ya que la Fiscalia de Madrid ya informó favorablemente el pasado mes respecto del archivo para el exdiputado popular Alejandro Ballestero, también investigado en la causa, al entender que los delitos que se le imputaban habrían prescrito al ser previos al año 2010.
Ballestero, que estaba citado para el pasado 14 de diciembre, figuraba como investigado en este procedimiento por pagos realizados a través de la empresa Mind Talent a la compañía de los exparlamentarios. Ese mismo día declararon en calidad de investigados Miguel Marín, exasesor de José María Aznar, y María del Mar Benito, una de las administradoras de una empresa vinculada con la trama.
ASESORAMIENTO
La exsocia de Martínez Pujalte explicó que el exparlamentario le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", a los que llegó incluso a presentar.
No obstante, y según la investigada, el politico le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.
Para evitar confusiones, se estableció que, dados de alta como autónomos, recibirían una retribución por dirigir la empresa, sin embargo, el exdiputado percibiría otra más por los servicios profesionales que prestara personalmente.
En la denuncia que dio lugar a la investigación, Torme señaló que el trabajo de captación de clientes fue asumido directamente por el exdiputado y advirtió de las irregularidades de Pujalte y de cómo su socio multiplicó sus ingresos por ser él quien realmente desempeñaba estas labores y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
Según expone, muchas empresas que facturaron a Sirga eran personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieron sometidos a escándalos de corrupción o son familiares de éstos.
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