El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la imputación como persona jurídica en el caso Villarejo del despacho de abogados Herrero y Asociados por recurrir a los servicios del comisario jubilado para espiar a exsocios del bufete ante la sospecha de que les estaban haciendo competencia desleal. El instructor considera que hay indicios suficientes que demuestran que sabían que el encargo "excedía con mucho de los servicios propios de una agencia de detectives privados" y, por ello, les cita como investigados por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Así consta en un auto del magistrado al frente del caso Tándem al que ha tenido acceso La Información y en el que les emplaza a que designen a un representante legal de cara a atender la citación fijada para el próximo 26 de septiembre a las 9.30 horas. Se trata de una diligencia requerida tanto por los fiscales Anticorrupción al frente del caso como por la acusación popular en el marco de esta pieza segunda de esta macrocausa bautizada como 'Iron' y que investiga la encomienda concreta que efectuaron determinados empleados y exempleados de Herrero y Asociados al comisario jubilado.
Entre las acciones que se llevaron a cabo desde el entramado empresarial de Villarejo destaca la obtención de datos bancarios de los empleados del despacho Balder Ip Law. Los mismos fueron requeridos desde cuentas oficiales de la Policía Nacional a empleados del BBVA, la cual facilitó información secreta de sus clientes tales como el número concreto de transferencias bancarias realizadas o ingresos en efectivo. Así consta en los correos que las partes se intercambiaron y que fueron adelantados por este medio. De hecho, el avance de las pesquisas ha llevado al magistrado García Castellón a acordar una batería de diligencias de citaciones entre las que figuran el inspector de Policía jubilado Constancio Riaño y el exjefe de seguridad del BBVA César Bilbao por el intercambio de dicha documentación.
Pagos al margen de la contabilidad de la empresa
El magistrado explica en su escrito que Herrero y Asociados era plenamente consciente de que el servicio acometido por Cenyt incluía la obtención de forma ilegal de datos de carácter reservado tales como tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social relativa a su competidor. Prueba de ello es que en las reuniones que mantuvo el agente encubierto con entonces responsables de esta empresa les dejó claro que contaba con la colaboración de terceras personas algunas de las cuáles eran recompensadas económicamente por esta actuación.
El avance de la investigación ha puesto de manifiesto que los pagos se realizaron al margen de la contabilidad oficial y fueron camuflados a través de diversas empresas vinculadas al entramado de Villarejo. La información aportada por la Agencia Tributaria constata que efectivamente en el ejercicio 2013 cuatro sociedades pertenecientes al agente declararon haber facturado a Herrero y Asociados un total de 302.500 euros. Otra muestra del "carácter opaco" de la retribución pactada fue que en el registro de las oficinas los agentes no hallaron ninguna factura relativa a estos pagos si bien sí se identificaron tras acceder a la contabilidad informática del bufete.
Tras la estela del BBVA y Pérez y Cía
El magistrado justifica la imputación del delito de cohecho en tanto los responsables del despacho que formalizaron la contratación sabían que Villarejo era comisario de Policía y, por tanto, tenía plena facultad de obtener todos estos datos confidenciales (prueba de ello fue el elevado precio de esta encomienda concreta: 625.000 euros). Igualmente razona que los delitos no estarían prescritos, tal y como alega el despacho, en tanto "las actividades delictivas" cometidas no terminaron cuando cesó la contratación sino que se extendieron en el tiempo hasta hacerse efectiva la entrega de los informes solicitados. De hecho, ha quedado acreditado que los pagos se efectuaron hasta noviembre de 2013.
Cabe destacar que es la tercera imputación como persona jurídica acordada en las últimas semanas en el caso Villarejo. Recientemente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también citó por delito de cohecho a la entidad que preside Ana Botín para que dé explicaciones en sede judicial de los pagos efectuados al entramado de Villarejo por encargos mantenidos durante más de una década. Igualmente, hizo lo propio con la mercantil Pérez y Cía S.L, de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura. En este caso los navieros contrataron también los servicios de Villarejo para frenar un proceso de extradición a Guatemala. Así, el BBVA está citado para el día 24 de este mes y día después comparecerá en sede judicial el representante legal de la multinacional cántabra.
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