El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de investigado para el próximo 11 de junio al exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorria, en el marco de la investigación abierta contra los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura por pagos de 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo para frenar la extradición del primero de ellos al país centroamericano. Las autoridades guatemaltecas reclamaban al naviero en el marco de una investigación anticorrupción por presuntos sobornos de 30 millones de euros al expresidente del país Otto Pérez Molina.
El magistrado acuerda en un auto la citación de un total de siete personas a las que interrogará entre los días 3 y 12 de junio dentro de esta pieza de la causa bautizada como Pit. De este modo, están llamados a declarar el lunes 3 de junio José Manuel Villarejo Gil -hijo del principal acusado- y el inspector jubilado Antonio Bonilla, imputado en otras piezas de la macrocausa. Los investigadores atribuyen a Bonilla el cobro desde el entramado empresarial de 22.844 euros en diez pagos fracturados y determinan que participó en el proyecto Pit a través de la emisión de análisis y un viaje a Guatemala para asistir al empresario Juan José Suárez.
El español está implicado en los presuntos sobornos de 30 millones de dólares a cambio de que Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) -empresa de los hermanos Pérez-Maura y de la que era directivo- lograra la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal. Fuentes de la defensa de Bonilla consultadas por este diario explican que su intervención en este asunto fue lícita y que las facturas que cobró de Cenyt son por prestaciones de servicios que venía realizando desde el año 2013.
Cohecho y tráfico de influencias
El magistrado cita para el próximo 10 de junio a Rafael Redondo y dos días después al comisario Villarejo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y falsedad en documento mercantil. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 preguntará al principal acusado del procedimiento y su socio por el pago de 10 millones de euros que efectuó la mercantil A Pérez y Cia S.L al entramado empresarial de ambos para impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura Garcia ordenada por Guatemala en abril de 2016. El encargo en cuestión también buscaba lograr su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.
La investigación se dirigía hasta el momento contra los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, los empresarios Adrián de la Joya y Javier Soucheiron y el abogado Enrique Maestre por los delitos de falsedad, cohecho y encubrimiento. De hecho, todos ellos fueron detenidos el pasado 8 de mayo en el marco de un operativo practicado por agentes de la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que incluyó registros en sus domicilios y sociedades. Los detenidos pasaron a disposición judicial dos días después y, tras ser interrogados, el juez acordó su puesta en libertad provisional sujeta al pago de fianzas que oscilaban entre los 200.000 y los 750.ooo euros.
Los investigadores sospechan que dentro de este grupo Maestre actuó como mediador entre los hermanos cántabros y el comisario jubilado mientras que De la Joya -investigado también en el caso Lezo- habría participado también en el proyecto cobrando parte de la cuantía pagada al comisario jubilado para frenar la entrega de Ángel Pérez-Maura. Por ese motivo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba para todos ellos medidas más restrictivas que las acordadas por el instructor al término de los interrogatorios, impuso además a De la Joya el delito de organización criminal.
En lo que respecta a la extradición de Ángel Pérez-Maura, se denegó en mayo del pasado año. El expediente se incoó el 27 de abril de 2016 y se tramitó por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Ismael Moreno. La primera vista de extradición se celebró en febrero de 2018 y en la misma el naviero mostró su negativa a que la entrega se hiciera efectiva lo que provocó que las actuaciones se elevaran a la Sala de lo Penal. Los magistrados de la Sección Cuarta practicaron una vista de extradición en mayo del pasado año en la que se denegó definitivamente la petición.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios