La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado en la investigación abierta por el presunto saqueo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al magnate venezolano Raúl Gorrín, presidente y dueño del canal privado de televisión Globovisión, según informan fuentes jurídicas. El empresario, que está llamado a comparecer en sede judicial el próximo 26 de febrero a las 11.00 horas, está reclamado por las autoridades de Estados Unidos por blanqueo de capitales, pago de millones de dólares en sobornos a dos funcionarios de alto nivel venezolanos y por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también cita para el mismo día en calidad de testigo a Cecirée Carolina Casanova Rangel, exdirectora de Recursos Humanos en Pdvsa y el magnate venezolano José Roberto Rincón Bravo. Las fuentes consultadas explican que a este último se le llama para una comparecencia de nombramiento de administrador judicial en relación con la finca La Losilla, en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés. El empresario fue detenido en junio de 2018 por agentes de la UDEF de la Policía Nacional acusado de blanquear en España parte de la fortuna amasada mediante acuerdos ilegales con Petróleos de Venezuela, según informó El Confidencial. Entre los inmuebles registrados se encuentra la finca por la que ahora tendrá que responder en sede judicial.
La investigación por los presuntos sobornos contra los altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) arrancó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid si bien su titular, Juan Carlos Peinado, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional ante la magnitud de la causa, la cual recayó en el Jugado Central de Instrucción número 3 del que es titular la magistrada María Tardón.
Sobornos a funcionarios venezolanos
Tardón asumió esta compleja investigación alegando que se trata de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde residen además, varios de los imputados, de acuerdo con el auto al que tuvo acceso Europa Press. En la causa figuran como principales investigados el antiguo Viceministro de Energía venezolano, Nervis Gerardo Villalobos, y el expresidente de una filial de Pdvsa, Javier Ochoa Alvarado.
Alvarado, que fue ministro de Desarrollo Energético, también estaba siendo reclamado por Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su extradición el pasado mes de diciembre porque está siendo investigado en España por estos mismos hechos. Además, a ello se le une que tiene también la nacionalidad española desde diciembre de 2017. La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor de su entrega al considerar que se cumplían todos los requisitos pero los magistrados lo negaron al explicar que, aunque la investigación arrancó en Estados Unidos, parte de estos hechos han ocurrido en España.
También era reclamado por Estados Unidos Nervis Gerardo Villalobos para que sea juzgado en relación con el supuesto pago de sobornos para la obtención de contratos en la compañía petrolera estatal y el blanqueo del dinero obtenido. Tanto Alvarado Ochoa como Nervis Villalobos también figuran como investigados en otra causa penal que se instruye en la Audiencia Nacional relativa a presuntos sobornos a miembros del Gobierno venezolano por parte de la empresa Duro Felguera.
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