El avance de la investigación relativa al desvío de importantes cantidades de dinero desde la multinacional gala Cofely en el caso Púnica ha derivado en la imputación del responsable del departamento financiero, Yann Barlerin. El directivo de una de las empresas clave en esta trama de corrupción tendrá que dar explicaciones en la Audiencia Nacional el próximo 12 de septiembre por la salida de fondos de la compañía que habría servido para pagar las 'mordidas' a ediles y técnicos implicados en la red.
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Alejandro Abascal, adopta de esta forma el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, según precisa en un auto recogido por La Información. Se trata de la primera imputación formal acordada en el procedimiento después de que el Ministerio Fiscal presentara un escrito a principios de este mes en el que ordena todas las piezas de una de las causas más antiguas y densas que instruye la Audiencia Nacional. En el mismo se pedía también una nueva batería de citaciones entre las que destacan la de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; Ignacio González y Cristina Cifuentes así como del expresidente de Indra Javier Monzón y esta empresa como persona jurídica.
A falta de que el magistrado Manuel García Castellón resuelva sobre este asunto concreto este próximo mes de septiembre, el Juzgado sí se ha pronunciado sobre la petición de Anticorrupción en lo que respecta a la investigación sobre Cofely que se sigue en la pieza número 6 de la trama. Las fiscales del caso ponen el foco ahora en Barlerin, el cual también forma parte del comité ejecutivo de la empresa, por su participación "necesaria" en la salida de fondos desde la compañía a través de los 'confirmings' que él mismo autorizaba. Estas cuantías se camuflaban en los presupuestos de los contratos a modo de sobrecostes por determinadas partidas fijas que son las que se facturaban en los ayuntamientos implicados.
El titular de este juzgado, Manuel García Castellón, ya determinó que una decena de municipios de la Comunidad de Madrid (entre ellos Parla, Getafe o Brunete) participaron en esta presunta práctica corrupta por la que se ha imputado a más de 60 personas. Entre ellas destacan los exdirectivos de la compañía en España Constantino Álvarez y Pedro García. Ambos confesaron en la declaración que prestaron en sede judicial en febrero del pasado año la existencia de esta operativa. Según indicaron, estaba tan asentada en la empresa que se acabó convirtiendo en un sistema institucionalizado de reparto de sobornos a cambio de conseguir las adjudicaciones de alumbrado y urbanismo en estos municipios.
Ahora las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García explican en su escrito que Barlerin conoció esta praxis debido a su pertenencia al comité ejecutivo de la empresa. Algunos de estos pagos eran "tan excepcionales" que se hacía necesario que los autorizara el director ejecutivo Didier Roger Maurice (también imputado en el caso) si bien en muchas ocasiones se ocultaron en partidas fijas tales como Proyecto Management y Success Free. Tanto es así que Álvarez y García precisaron en su interrogatorio que la multinacional no solo ocultó el desvío de estas cuantías sino que también se encargó de redactar los pliegos de licitación para garantizarse de esta forma que serían los adjudicatarios del concurso.
De hecho, la presunta manipulación de las condiciones de contratación ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para pedir además la declaración como investigado del exconcejal de urbanismo y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, Raúl Huerta. El Ministerio Fiscal apunta que el exedil 'popular' formó parte del órgano de contratación que adjudicó el contrato amañado y que presentó como suyo los pliegos que le fueron transmitidos desde el departamento comercial de la multinacional francesa.
Partidas de hasta 200.000 euros
Aunque en este caso los escritos no recogen cuantías determinadas, Anticorrupción ha apuntado en ocasiones anteriores que algunas de las facturas ficticias de la trama alcanzaron los 200.000 euros. Con todo, esta es una de las investigaciones más avanzadas del caso Púnica y, de hecho, el magistrado al frente de las pesquisas ya registró de manera formal el pasado mes de marzo esta pieza sexta del procedimiento en la que también están imputados el constructor confeso David Marjaliza, su secretaria Ana Martínez o el empresario Eduardo de la Peña (conocido como 'el ñapas').
Precisamente Marjaliza, considerado como el cerebro de esta red, confesó en una de sus múltiples declaraciones en la Audiencia Nacional que él mismo medió de cara a que se formalizaran los contratos por los que también tendrán que responder penalmente los exediles de Casarrubuelos (David Rodríguez); Collado Villalba (Agustín Juárez); Getafe (Carlos Estrada Pita); Móstoles (Daniel Ortiz); Parla (José María Fraile); Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández) y Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), entre otros.
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