El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea (en apoyo del Manuel García Castellón) ha citado como imputados en el caso Lezo a los dos máximos colaboradores de Alberto Ruiz Gallardón, su exconsejero de Hacienda, Juan Bravo, y el de Medio Ambiente, Pedro Calvo, así como a Arturo Canalda, ex director gerente del Canal de Isabel II y posteriormente Defensor del Menor. El instructor, que por el momento deja fuera al expresidente madrileño y exministro de Justicia, los implica así en la compra de Inassa en 2001 durante su mandato al frente de la Comunidad. Esa compra que costó 61 millones de euros a las arcas públicas, se cerró, presuntamente, a un precio inflado e interponiendo una sociedad panameña.
Además de Bravo, actual presidente de Adif, y Calvo, que dejó la política en 2012 tras ser imputado en el caso Madrid Arena (la muerte de dos adolescentes en una fiesta de Halloween en ese auditorio de la capital), el juez tomará declaración como investigados a otras 12 personas que pasarán por el tribunal entre los próximos 9 y 15 de enero. El resto de cargos imputados son antiguos cargos del Canal que tuvieron participación en la operación, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El juez recuerda cómo la compra de Inassa se materializó "incumpliendo de plano" los acuerdos adoptados autorizando la operación por parte del consejo de administración del Canal y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que presidía Ruiz Gallardón. Los implicados se habrían excedido del permiso que se les dio al adquirir, además de un 75% de la sociedad colombiana, la mitad de otra sociedad dominicana llamada Watco. Además, en contra de esos acuerdos, la operación se realizo utilizando una sociedad interpuesta radicada en un paraíso fiscal, Panamá, denominada Sociedad de Aguas de América.
El consejo del Canal facultó al entonces consejero de Medio Ambiente y presidente de la empresa pública de aguas de Madrid, Pedro Calvo, junto con su exdirector gerente, por entonces Arturo Canalda, para que formalizaran la compra de la sociedad colombiana. Pero con anterioridad a esa autorización, Canalda ya había iniciado negociaciones para adquirirla mediante la interposición de la empresa panameña, es decir, de manera diferente a como se había autorizado desde la dirección de la sociedad pública.
El nombre de la firma interpuesta se eliminó del acta del consejo en el que se aprobó definitivamente la operación. Sin embargo, en los informes que se pasaron a los consejeros -entre ellos al presidente, Pedro Calvo- se encontraba toda la documentación en la que sí aparecía la Sociedad de Aguas de América e incluso se les desaconsejaba actuar a través de ella. La operación también fue aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuyo acuerdo consta la firma de Juan Bravo, como consejero de Hacienda, y del entonces presidente, Ruiz Gallardón, al que, sin embargo, el juez no cita.
Y no lo hace porque, según el juez, hasta el momento, los investigadores desconocen si el expresidente y los restantes miembros del Ejecutivo regional tuvieron acceso a la misma documentación que los consejeros del Canal antes de adoptar el acuerdo, "información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial" de Gallardón y el resto de miembros de su Gobierno.
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