El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado en calidad de imputados a los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank por los encargos que ambos entes efectuaron a José Manuel Villarejo, según informan fuentes jurídicas a este diario. De este modo, tanto Rafael Araujo como Miguel Ángel Fernández Rancaño -ambos comisarios jubilados- pasan a figurar como investigados en la macrocausa Tándem y deberán comparecer en sede judicial para explicar si contrataron los servicios del agente encubierto para espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, en un momento en que la constructora quería hacerse con el control de la petrolera.
Se trata de una diligencia que se acuerda a petición de la Fiscalía Anticorrupción y en el marco de la pieza número 21, la cual se abrió hace poco más de un año, tal y como adelantó La Información. Además de los dos expolicías, el juez imputa a Villarejo, su socio Rafael Redondo y al entonces subdirector de Seguridad Corporativa, Rafael Girona, por su implicación en este encargo que se presupuestó inicialmente en 925.000 euros. Según explica el magistrado en su auto, se acuerda también citar como testigo a Del Rivero y dos empresarios más (Rodrigo Álvarez y Fernando Ramírez) por haber estado bajo la lupa de Cenyt en este trabajo que se bautizó como 'Proyecto Wine'.
Los agentes han seguido el mismo patrón que en otras líneas de investigación en aras a esclarecer qué contrataciones se efectuaron con el Grupo Cenyt así como quienes son los responsables directos de las mismas, teniendo en cuenta que se efectuaron en un momento en que el comisario ahora jubilado era funcionario en activo. En este tiempo las pesquisas se han centrado también en estudiar la documental aportada por la entidad y de hecho, la misma ha permitido acreditar que Girona participó en los encuentro con Cenyt y recibió copia de los informes de inteligencia elaborados para su "análisis crítico".
Los hechos que están bajo la lupa de los investigadores se remontan a los años 2011 y 2012 cuando Repsol habría recurrido al agente encubierto para averiguar si Del Rivero (que ya fue víctima de Villarejo en los encargos efectuados por el BBVA) estaba maniobrando para hacerse con el control de petrolera. En el momento de los hechos Sacyr llegó a un pacto de sindicación con la mexicana Pemex para desbancar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, con quien mantenía un claro enfrentamiento. Sacyr tenía un 20% de capital, lo que le convertía en principal accionista, y Pemex rondaba el 10%.
Los planes de Del Rivero
El intento de asalto no llegó a hacerse efectivo porque el resto de accionistas de la constructora no respaldaron los planes de Del Rivero y éste terminó abandonando el cargo al que accedió en 2003 en beneficio del actual presidente de Sacyr, Manuel Manrique. Por contra Brufau sí tuvo el apoyo de los sindicatos y de Caixabank (entidad que entonces era socio mayoritario de la petrolera), lo que acabó de debilitar la posible alianza de la constructora con Pemex. Fue en este punto cuando Del Rivero puso el foco en el presidente de Repsol para "conseguir información delicada con la intención de contraatacar". De ahí que recurrieran a Cenyt para que se siguieran de cerca los movimientos no solo de Del Rivero sino también de su mujer Natividad Martínez, de Rodrigo Álvarez (encargado de la Seguridad en Sacyr), y de Fernando Ramírez (antiguo director financiero de Repsol).
De nuevo la documental incautada en el domicilio de Villarejo y su esposa Gemma Alcalá permitió corroborar la existencia de este proyecto así como los pagos que a dos cuentas de Cenyt por importe de 218.900 euros con cargo a Repsol y 194.700 euros de Caixabank. En total 413.000 euros por este proyecto para el cual controlaron el tráfico de llamadas de los investigados así como notas manuscritas y material en soporte informático. Entre los documentos se encuentran los denominados como 'charlas' que incluían el resumen de la reuniones mantenidas entre los ahora imputados, además de informes sobre este espionaje elaborados por Cenyt. Tanto es así que el magistrado encarga también a la Unidad de Asuntos Internos para que identifique los posibles accesos a bases de datos policiales restringidas.
El caso de Araujo y Fernández Rancaño no es único. Otro exdirectivos de seguridad de compañías salpicadas en el caso Tándem -como ocurre con Iberdrola o con el banco que preside Carlos Torres- ya han desfilado por la Audiencia Nacional para esclarecer los detalles de estos contratos por posibles delitos de revelación de secreto y cohecho; los mismos que se le atribuyen a los ahora imputados. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se trata de acuerdos comerciales algunos de los cuáles se llevaron a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los espiados ya que, para conseguir sus objetivos, hizo seguimientos personales, controló llamadas telefónicas y accedió a datos bancarios ayudado casi siempre de miembros de la Policía.
De este modo, el caso Tándem ha ido creciendo desde el arranque del mismo hace ahora tres años hasta configurarse como una de las grandes investigaciones penales de la democracia. En la actualidad suma una treintena de piezas algunas de las cuáles están ya listas para ser juzgadas. Se trata de la investigación al despacho Herrero y Asociados (pieza Iron); el encargo a parte del clan García Cereceda en plena pugna por la herencia del empresario (Land); la pieza sobre los trabajos a Juan Muñoz y su hermano por impagos de un socio (Pintor); la relativa al robo y difusión en prensa de la exasesora de Podemos Dina Bousselham (Dina) o la que salpica al comisario Carlos Salamanca. El instructor dejó al borde del banquillo al considerado como Tándem de Villarejo acusado de haberse valido de su puesto como jefe fronterizo de Barajas para permitir la entrada de manera ilegal en España de ciudadanos extranjeros.
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