La Audiencia Nacional, en colaboración con la Justicia panameña y colombiana, ha incautado 5,4 millones de dólares en metálico (unos 4,6 millones de euros) y diferentes inmuebles al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Según la Cadena SER, que adelanta esa operación y que fuentes de la investigación han confirmado a la agencia Efe, se trata del patrimonio que el expresidente madrileño habría reunido por sus actividades delictivas relacionadas con el canal de Isabel II, empresa pública que presidió, en el marco de la denominada 'Operación Lezo'.
Ignacio González salió de la prisión madrileña de Soto del Real el pasado día 8 tras pagar 400.000 euros de fianza impuesta por la Audiencia Nacional. La incautación de este botín ha sido decisiva para permitir su libertad condicional.
El auto de libertad con la consignación de la fianza se ha enviado a un juzgado de Colmenar Viejo, que es el competente para tramitar la excarcelación de los presos internos en Soto del Real (Madrid).
Deberá comparecer semanalmente
Una vez en libertad, González, principal investigado en este caso de corrupción en el seno del Canal de Isabel II, deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá que entregar el pasaporte y no podrá salir de España.
Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".
"No se trata de una actividad individual delictiva"
"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", aseguraba el magistrado en su auto de ayer imponiéndole la fianza.
Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.
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