"Con la destrucción de la droga se afectó significativamente la estructura financiera de la delincuencia organizada", indicó el comunicado conjunto de las secretarías de Estado vinculadas con la Seguridad del país latinoamericano.
El comunicado destacó que "se evitó que llegara (la droga) a las áreas de distribución y venta, actividad que les hubiera redituado ganancias considerables".
La fiscal general Arely Gómez y los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de la Marina Armada, Francisco Soberón, encabezaron la incineración de 71,8 toneladas efectuada en las instalaciones del 28 batallón de Infantería ubicado en Tijuana, estado de Baja California, limítrofe con San Diego (California, sur de Estados Unidos).
De manera simultánea se incineraron 66,8 toneladas en instalaciones militares de otros ocho estados de México, la mayoría escenario de cruentos enfrentamientos entre narcotraficantes y de bandas con fuerzas de seguridad, como Nuevo León y Tamaulipas (noreste) y Jalisco (oeste).
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