Nueva Delhi.- El Gobierno indio estudia elevar considerablemente las indemnizaciones pagadas a las víctimas de la tragedia de Bhopal (1984) y volver a pedir a EEUU la extradición del principal acusado por el escape tóxico, informó hoy una fuente oficial.
Un Grupo de Ministros encargado de Bhopal concluyó hoy varios días de reuniones con una serie de "recomendaciones significativas" que el Gobierno en pleno estudiará el próximo viernes, según el ministro de Interior, P. Chidambaram, que encabeza el grupo.
Las reuniones siguieron a la indignación que causó la sentencia de dos años de cárcel por "negligencia", emitida el pasado día 7 por el Tribunal de Bhopal contra siete acusados por el escape, que causó al menos 3.800 muertes casi instantáneas y afectó a la salud de medio millón de personas.
Los sentenciados, que quedaron en libertad bajo fianza, fueron el presidente y otros seis responsables de la planta de pesticidas india de Union Carbide en el momento del accidente, el 3 de diciembre de 1984.
La sentencia, que estableció la responsabilidad penal por aquel accidente industrial, el más grave de la Historia, se suma a las indemnizaciones pagadas a las víctimas con los 470 millones de dólares entregados al Gobierno indio por la empresa Unión Carbide, principal accionista de la planta de Bhopal (estado sudoriental de Andhra).
Las organizaciones de víctimas han peleado durante décadas por lograr una responsabilidad penal y por unas indemnizaciones mayores de las pactadas en el acuerdo extrajudicial que la compañía estadounidense y el Ejecutivo indio alcanzaron en 1989.
El grupo de ministros, en el informe presentado hoy al jefe del Gobierno, Manmohan Singh, propuso elevar a un millón de rupias (21.880 dólares al cambio de hoy) la indemnización para los herederos de los muertos por el vertido, informó a la prensa el titular de Transportes, Kamal Nath.
Según explicó, de esa cantidad se deducirán las 130.000 rupias ya abonadas por cada fallecido.
Las víctimas que quedaron inválidas de forma permanente percibirán medio millón de rupias, mientras los inválidos temporales obtendrán 100.000 y otras víctimas que hayan desarrollado enfermedades como el cáncer serán indemnizadas con 200.000 rupias.
En total, dijo Kamal, el Gobierno central desembolsará 7.500 millones de rupias (165 millones de dólares) adicionales para compensar a las víctimas del accidente.
El Ejecutivo indio, que asumió por una ley especial en 1985 la representación exclusiva de las víctimas, pactó en 1989 un acuerdo con Union Carbide que, a juicio del Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 1991, suponía asumir también futuras mayores indemnizaciones.
En esa sentencia, el TS anuló la provisión del acuerdo con Union Carbide que zanjaba toda responsabilidad penal de la compañía a cambio de los 470 millones.
En total, el Gobierno terminó de desembolsar a fines de 2004 unas 15.000 indemnizaciones por fallecimiento y 550.000 por heridas a resultas del accidente.
Otra de las recomendaciones que Singh estudiará el próximo viernes implica volver a pedir la extradición del entonces presidente de Union Carbide, el ya octogenario Warren Anderson, que fue solicitada en mayo de 2003 tras once años declarado "fugado" por el Tribunal de Bhopal y rechazada en junio de 2004 por "no ajustarse a los requerimientos" del tratado bilateral al respecto.
Según Nath, los ministros han revisado los hechos pasados relativos a la petición de extradición, que ahora será de nuevo "enviada al Gobierno de EEUU, sobre la base de nuevos aspectos que han salido a la luz", que no concretó.
Anderson se personó en Bhopal inmediatamente tras la tragedia, fue detenido pero poco después puesto en libertad bajo fianza y enviado a Delhi en avión con protección oficial, tras lo cual abandonó la India y rehusó siempre presentarse ante sus tribunales.
Todos los acusados lo fueron originalmente por "homicidio culpable", pero en 1996, el TS rebajó la acusación a "muerte por negligencia", castigada con un máximo de dos años de cárcel.
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