Bogotá, 11 oct.- El movimiento indígena asumió un papel impulsor de la lucha de toda la sociedad civil colombiana por participar en el proceso de paz que el Gobierno y las FARC iniciarán formalmente el próximo miércoles en Oslo.
Así lo manifestó hoy uno de sus portavoces, Javier Chávez, quien explicó a periodistas que la propuesta de paz que los aborígenes cocinaron durante el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas esta semana requiere de la fuerza del resto de la sociedad civil colombiana.
"La propuesta en esencia es que tengamos un espacio realmente autónomo como pueblos indígenas y organizaciones sociales para revisar con tranquilidad y responsabilidad cuáles son los temas que tenemos que resolver y que tendrán que garantizar la verdadera paz", sostuvo.
Y es que los únicos interlocutores del proceso que busca ponerle fin a medio siglo de violencia son los negociadores del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que ha motivado un sentimiento de indignación entre las víctimas del conflicto armado.
"No nos sentimos representados", comentó el portavoz, que además es uno de los dirigentes de los indígenas del departamento del Cauca, uno de los más castigados por el recrudecimiento del conflicto entre las fuerzas militares y las FARC en sus territorios.
Por eso, llamó a los colectivos afrodescendientes, campesinos, a asociaciones de víctimas, entre otros, a sumarse a un eventual congreso que permita consensuar las soluciones que aporta "el pueblo" a los problemas sociales que les afectan y avivan el conflicto.
Chávez sugirió que la cita con el posible nombre de Congreso Nacional por la Paz se debería celebrar en paralelo a los diálogos que la guerrilla y el Gobierno van a abrir en Oslo el próximo 17 de octubre y que luego seguirán en La Habana, y estimó que podría convocarse para finales de este año.
Desde el anuncio del acuerdo para negociar el fin del conflicto, se escucharon voces de protesta por parte de todos los sectores de la sociedad civil, quienes reivindicaron sin éxito una participación directa en los diálogos.
Ante el revuelo causado por esos reclamos, el presidente Santos explicó que sólo le compete a los negociadores del Gobierno y de las FARC ponerle fin al conflicto, puesto que son esas dos partes las que combaten a diario en las selvas colombianas.
Mientras esta iniciativa social toma forma, los indígenas han anunciado que seguirán "exigiendo el derecho a la paz como un derecho fundamental que se tiene que realizar y concretar con el esfuerzo de la inversión nacional para garantizar realmente los derechos sociales y culturales de los pueblos indígenas".
En el congreso, que aglutinó entre el lunes pasado y este jueves a un total de 5.500 representantes de los 102 pueblos indígenas colombianos en el Colegio Claretiano de Bosa, en el sur de Bogotá, los aborígenes concretaron las necesidades que deberían ser cubiertas para confiar en una paz duradera e incluyente.
"Si no hay vivienda digna, garantías para un territorio saludable para las comunidades, si no hay garantía de una alimentación digna, de proteger la vida de manera integral y garantías de libertad de expresión no habrá paz", enunció el líder indígena.
Los indígenas aprovecharon la multitudinaria cita para elegir también a un nuevo consejo directivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con ocasión de su 30 aniversario y del fin del ciclo de cuatro años que ahora terminó al mando de Luis Evelis Andrade.
Sin embargo, la elección de los nuevos representantes de la organización se vio envuelta en una polémica por el rechazo de algunos pueblos hacia las candidaturas, como fue el caso de la delegación Wayuú, que abandonó la reunión sin conocer al nuevo consejo de gobierno.
La población aborigen colombiana es de poco más de 1,37 millones de personas, lo que equivale apenas al 3,36 por ciento del total nacional, pero aglutina según la ONIC a 102 pueblos de los que el Estado sólo reconoce 87. De ellos, 35 están en peligro de extinción física y cultural, según determinó en 2009 la Corte Constitucional. EFE
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