La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata de limitar el ingente número de afectados en la causa de iDental ha sentado como un jarro de agua fría a las víctimas personadas en el procedimiento. Si bien el instructor busca con su decisión evitar que la ya de por sí macrocausa adquiera mayores dimensiones, los afectados de la macroestafa, que se cuentan por decenas de miles, temen que van a salir muy perjudicados por esta decisión.
El pasado 19 de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comunicó a las partes que todos los personados tendrían que agruparse en un máximo de seis acusaciones particulares. De acuerdo con su auto, al que ha tenido acceso La Información, a partir de la séptima personación deben actuar bajo la misma defensa y representación, lo cual, en opinión de las víctimas de este megafraude, supone una clara desventaja.
Aunque la diligencia acordada por el instructor suele ser bastante común en causas de gran magnitud (de hecho, se tomó la misma medida recientemente en el procedimiento que se sigue también en la Audiencia Nacional contra el 'Madoff catalán'), este caso es diferente porque afecta directamente a un elevado número de personas que destinaron gran parte de sus ahorros en arreglarse la boca y no solo los perdieron sino que han tenido que pagar más tratamientos ante las graves negligencias. Tanto es así, que fue el gran volumen de la causa y el elevado número de víctimas lo que provocó que los juzgados de toda España se acabaran inhibiendo a favor de la Audiencia Nacional.
Agrupaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) o la Plataforma de Afectados por Cadenas Dentales (Afecade) han recurrido esta decisión del instructor alegando que, el hecho de que tengan que depositar su confianza en una nueva dirección letrada no solo lesiona su integridad sino que les hace sentir "doblemente estafados", puesto que muchas de estas personas pueden litigar en el procedimiento precisamente porque se les cobra unas cuotas mucho menores que la media a tenor de la gravedad del asunto.
La delicada situación personal de las víctimas de iDental hizo que muchos de los 250 afectados que representan estas plataformas tuvieran que firmar una autorización que determinaba las condiciones económicas de su defensa. Este cambio, exponen en un escrito dirigido al juez y al que ha tenido acceso este diario, es una medida comprensible cuando se aplica a afectados que se personan a título individual, pero se convierte en "inconstitucional" cuando se trata de víctimas que litigan en el procedimiento penal de forma agrupada, como es el caso.
Las restricciones en torno al número de acusaciones también pueden derivar en el desembolso de "dobles honorarios" porque tendrían que pagar a los nuevos profesionales, cuando ellos en realidad ya han abonado los servicios de los abogados contratados, sin olvidar que supondría el traspaso a los nuevos letrados de todos los informes médicos que tanto les costó conseguir, puesto que las clínicas se negaron a facilitarlos. De hecho, poco después de asumir la competencia del asunto, De la Mata convocó a las 14 comunidades autónomas con competencias transferencias en materia de Sanidad para coordinar, entre otros aspectos, la tramitación de los historiales clínicos.
Muchos de estos afectados ansían el avance de las pesquisas con el fin de resarcir los daños sufridos. En la gran mayoría de casos no solo se trata de una estafa piramidal de tinte económico, sino que les atendieron profesionales en prácticas sin ellos saberlos y les provocaron auténticos destrozos en la boca por asuntos tan leves como puede ser la endodoncia. Pese a dejar de recibir los tratamientos, muchos de ellos tuvieron que seguir pagándolos porque les financiaron líneas de tratamiento de manera irregular; en algunos casos a nombre de familiares o de personas discapacitadas para conseguir el crédito con mayor facilidad.
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